Los pibes nacen pobres, los chorros gobiernan

Escribe Lucía Bianchi.

En estas semanas previas a la elección presidencial, se abren en la sociedad espacios de debate sobre los problemas y sus posibles soluciones. Candidatos y candidatas presidenciales marcan la cancha y expresan sus propuestas. Los tres candidatos presidenciales que, según las encuestas tienen más chances de ganar, plantean sus posiciones y una de ellas, que queremos analizar acá es la mirada sobre “la inseguridad”.

La primer preocupación de la sociedad es, sin dudas, este tema. El crecimiento de las situaciones de violencia y delito, la impericia y la complicidad de los sectores de poder y una exacerbada difusión de casos, descriptos con detalles morbosos y escalofriantes que construyen los medios de comunicación son, sin duda, las dimensiones centrales a la hora de explicar la preocupación de la sociedad en su conjunto.

Massa, Macri y Scioli han expresado desde hace años una posición coherente sobre este tema: mano dura, baja de edad de imputabilidad (que significa posibilidad de incremento de penas a los y las jóvenes menores de 16 años en concordancia con las penas que se pueden aplicar hoy en día a los adultos mayores de 18 años, incluso de cadena perpetua) más poder para las policías y represión han sido la única respuesta que dieron durante todos estos años.

El endurecimiento de la política persecutoria a los jóvenes tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad autónoma, ha sido el resultado de esta posición. La concesión de mayor poder a la cúpula mafiosa de la policía bonaerense, aliada  desde siempre del gobernador Daniel Scioli y de los barones del PJ del conurbano, intendentes corruptos y rufianes se ocultan tras un discurso “conmovido e indignado” cuando los casos de homicidios por intentos de robo se hacen presente. Por su parte, la policía metropolitana y la policía federal reproducen las mismas lógicas. En el caso de la incipiente metropolitana, incorpora en sus filas a ex bonaerenses y federales que han sido apartados de esas fuerzas por sospechas de vinculación con el delito organizado y por casos de corrupción.

Ante el escenario electoral, con más claridad aparece la posición dominante. Massa anuncia a contra reloj de lo que el mundo entero está haciendo, que va a intervenir los barrios humildes con las fuerzas armadas para acabar con el narcotráfico, que llamativamente se asienta desde siempre en el distrito que el dirige: el nordelta en particular es cuna y guarida de narcos aliados con el poder, que no sufrirán nunca la coerción de las fuerzas de seguridad. Más bien las dirigirán en caso de que Massa sea presidente.

Por su parte Scioli anuncia a un militar en actividad, histórico de la mano dura, como Berni para el Ministerio de Seguridad, cuestionado hasta por el propio Kirchnerismo, las criticas más fuerte, han sido planteadas por Verbitsky quien afirmó que Berni “abjuró de la decisión de Kirchner de no enfrentar las protestas sociales con represión y de los protocolos de actuación que regulan el uso de la fuerza en esos casos”[1]. Por su parte, Scioli incorporaría en su cartera a Ricardo Casal. Cuestionado fundamentalmente por su participación en el encubrimiento del asesinato de Luciano Arruga, se vuelve por el peso que tiene este caso, ejemplo paradigmático de la impunidad del poder, que hostiga y asesina a los jóvenes para constituir en ese mismo movimiento, redes delictivas. Citando nuevamente al referente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) “ (Casal) Es uno de los responsables del ablandamiento de garantías procesales por lo cual hoy la cantidad de personas detenidas en los lugares de encierro bonaerense es la mayor de la historia. La tasa de prisionización provincial es la mayor del país y una de las más altas de la región”[2] sin embargo, el delito crece en Buenos Aires.

Siempre lo mismo, la misma receta, los mismos elementos, el mismo objetivo. La máquina de crear impunidad funciona tras un discurso conmovido e indignado frente a los casos de inseguridad. Pero ni Scioli, ni Granados, ni Casal y mucho menos Berni se conmovieron o se indignaron cuando la policía secuestró y desapareció a Luciano Arruga por no haber querido robar para ellos. No los conmovió la incansable lucha de su familia y amigos para hacer justicia y saber qué pasó con Luciano. Ni siquiera otorgaron una audiencia a la familia. Citábamos en un artículo anterior a Vanesa Orieta, hermana de Arruga: “El caso de Luciano tiene que servir para que podamos entre todos instalar una problemática, que es la del gatillo fácil. Hay que pensar de qué forma se ataca la mafia de la bonaerense, que evidentemente por algo no se la quiere tocar. Ser cómplice te ubica en un bando, y no soy cómplice ni quiero ser cómplice de estos asesinos. Todos los que sí lo son, son enemigos: el gobernador de la provincia de Buenos Aires es cómplice, porque no denuncia los hechos y defiende medidas políticas tendientes a reprimir aún más a los sectores pobres. Él avaló que se baje la edad de imputabilidad de los menores; él avala la mano dura en los barrios. El gobierno nacional también, porque criminaliza a los sectores pobres con hechos concretos, como llenar los barrios humildes de gendarmería”[3], sentencia Vanesa.

No se conmueven con los miles de jóvenes pobres que son asesinados, perseguidos y torturados por las fuerzas de seguridad que ellos reivindican y dirigen.

Son esas fuerzas de seguridad una estructura delictiva instaurada territorialmente.  Con poder, armas, contactos, vínculos políticos, judiciales manejan gran parte del delito organizado, cuando no lo hacen, son cómplices silenciosos que habilitan zonas liberadas y miran para otro lado. La lista es larga: narcotráfico, redes de trata y prostíbulos (que desde siempre son ilegales y desde siempre están asociados a gran parte de los intendentes de las localidades) redes delictivas, desarmaderos, reclutamiento de jóvenes para robar obligados bajo amenaza de muerte, coimas, extorsión, zonas liberadas, contrabando, secuestros extorsivos, etc.

Y esas fuerzas de seguridad en su acuerdo con el delito, utilizan a la pobreza como caldo de cultivo, como herramienta para crear mano de obra, que al no ser incorporada dentro del mercado laboral formal queda relegada, a merced de las estructuras delictivas que reclutan, fuerzan e imponen el delito como camino.

El discurso que criminaliza y esconde

En medio, debemos poner el acento en la juventud y desenmascarar aquello que se presenta como invertido, un espejo que nos devuelve una imagen deformada: desde principios del 2005 hasta la actualidad se instituyó en la sociedad la idea de la inseguridad, como si se pudiese hablar de una inseguridad, singular, homogénea.

Mediante el ingeniero trucho, Juan Carlos Blumberg comenzaron a circular los discursos que ubicaban el problema de los delitos en un sector socio-económico bien definido: los jóvenes y adolescentes pobres. El problema acotado a un tema etáreo y de sector social implicaba entonces una sola solución: bajar la edad de punibilidad. Convertir en mayores y responsables a los jóvenes de 16 años.

Poco importa para quienes sostienen esta postura que el gran porcentaje de crímenes sean cometidos por adultos, que en los casos en que se trate de menores (ínfimos estadísticamente) son reclutados por adultos que manejan grandes redes delictivas, que los pobres crezcan y crezca la exclusión como caldo de cultivo para el delito, para el narcotráfico.

Sin embargo, desde abajo y con esfuerzos crecen experiencias de participación juvenil, que pretenden mostrar otra realidad que la construida desde el poder y “con todas estas voces, nos disponemos a descubrir el revés del discurso hegemónico, lo que éste oculta y el espacio desde donde puede ser rebatido, desde el cual la realidad puede ser cambiada. Tal vez la principal paradoja sea que en el sector más vulnerable se puede encontrar la fuerza para cambiar las injusticias estructurales de la sociedad”[4]

Los pibes no nacen chorros, los pibes nacen pobres. Los chorros son los culpables de esa pobreza. Los chorros son los que gobiernan.

Notas:

[1] Verbitsky, Horacio, Sentido Común, Página 12, 18 de octubre de 2015

[2] Op Cit.

[3] Ningún Pibe Nace Chorro. Capítulo 3. Bianchi Lucia, Gasparini Daniela. Editorial Nuestra América/Isepci. 2011

[4] Op Cit.

Lucía Bianchi es integrante del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.