Para sentar las bases de una Policía Democrática

Escribe Cintia Mónaco.

La clave para construir la policía que necesitamos en este momento pasa por dos lados: la depuración exhaustiva de la fuerza y la reestructuración de la misma. La primera cuestión es pura decisión política, la segunda también, pero requiere además cierto grado de rigurosidad técnica.

A principios de enero la Legislatura porteña aprobó el traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. Este incluyó la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tiene a su cargo unos 15000 efectivos de la Policía Federal desplegados en las 54 comisarías porteñas, y las unidades de Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería. El gobierno porteño contará de esta forma con una policía de más de 21.000 efectivos uniformados, al sumarse aquellos a los 6300 agentes de la Policía Metropolitana.

Este hecho tan novedoso, por la disputa que significó entre el macrismo y el kirchnerismo durante tantos años, disparó nuevamente la reflexión sobre ¿cómo debería entonces funcionar el resto de la PFA, en el resto del país?

Antes de pasar algunas enumeraciones claves, es importante ponernos en contexto. Luego de la espectacular “triple fuga”, y el debate abierto alrededor de la profundidad que tiene el negocio del narcotráfico en el país; y a pesar de la constatación, que puso todo aquello en evidencia, sobre la participación directa de las fuerzas de seguridad en aquel tráfico ilegal, lamentablemente no se dieron a continuación señales de ir fuertemente hacia una depuración y reestructuración en serio de aquellas. Por el contrario, se buscó como solución al tema, incorporar un nuevo actor en la jugada (las FFAA), y anunciar políticas meramente comunicacionales, sin un diagnostico sustentable previo y riguroso, como fue la declaración de emergencia en seguridad.

Tanto durante la campaña presidencial pasada, como con dicha declaración de emergencia en seguridad – y particularmente, con el decreto que autoriza el arribo de aviones, por parte de las Fuerza Aéreas, con el supuesto fin de “combatir al narcotráfico”-, distintos dirigentes políticos, periodistas y personalidades, comenzaron a proponer involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones internas, más allá de lo que dice la ley vigente – que lo prohíbe-. Es que nadie cree seriamente que las fuerzas de seguridad que tenemos sirvan para combatir el delito, debido a que las han dejado penetrar por la corrupción y los negocios, gracias a que les han garantizado el autogobierno, sin ningún control sobre ellas. Para eso, las han mantenido con bajos sueldos, empujando a sus integrantes a buscar incrementarlos de cualquier forma, y mayoritariamente al margen de la ley. Además, al no haber desplegado ninguna estrategia planificada desde el Estado para combatir los delitos complejos, las han mantenido en una ineficiencia casi total.

Desde los sectores políticos que vemos la seguridad pública como un derecho humano, siempre hemos rechazado esa práctica de “declararle la guerra a las drogas”, convirtiendo al narcotráfico en un fenómeno bélico-militar, para introducir a las fuerzas armadas en la seguridad interior, permitiendo la intervención de las tropas en el territorio nacional. Esto no pertenece a nuestra cultura institucional, principalmente la establecida después de la dictadura militar que distingue tajantemente entre seguridad interior y la exterior; esas son políticas diseñadas en la DEA. Y en ese sentido es importante que veamos los resultados de esas recetas, como los que están a la vista en México, que cediendo a las presiones estadounidenses, han puesto a sus fuerzas armadas a combatir al narcotráfico, y no sólo no han logrado ningún avance valorable en ese sentido, sino que eso generó miles de muertes de ciudadanos inocentes, entre otras gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de la corrupción que se ha escabullido notoriamente entre los militares, fallando estos también en el supuesto combate al narcotráfico.

Además, y sin ánimo de inventar nada nuevo, la historia argentina nos muestra que cuando las FF.AA. intervinieron en seguridad interior, terminaron no haciendo bien ni la seguridad interior ni la exterior.

A mi humilde entender al narcotráfico como cualquier delito menor o mayor, se lo enfrenta con fuerzas de seguridad acordes al desafío planteado, es decir, altamente profesionalizadas, con una elaboración sofisticada de la inteligencia criminal y policial, y del análisis de delitos complejos. Y fundamentalmente con una fuerza que ponga énfasis en la prevención; porque investigar cuando el delito ya sucedió es importante, pero mucho más costoso.

En se sentido, la clave para construir la policía que necesitamos en este momento pasa por dos lados: la depuración exhaustiva de la fuerza y la reestructuración de la misma. La primera cuestión es pura decisión política, la segunda también, pero requiere además cierto grado de rigurosidad técnica.

Aportando a esto último hay cuestiones claves y estratégicas a la hora de reestructurar una fuerza como la Policía Federal Argentina, que a diferencia de sus pares como la policía de la provincia de Buenos Aires, que hace años que es objeto de reformas y contrarreformas contradictorias; o la Metropolitana, que habiendo sido creada de cero, terminó puesta bajo una conducción, que viniendo de las viejas prácticas -malas- de la PFA, la llevó a repetir los vicios de las viejas estructuras policiales; en el caso de la Policía Federal, esta no ha sido objeto de ninguna reforma importante desde la restauración democrática y su poder se mantiene inalterado.

La estructura de la PFA surge del decreto ley 333/58 – presidencia dictatorial de Aramburu- y de la ley 21.965. Luego del golpe militar de 1955, los militares ocupan la institución, en los cargos jerárquicos, igual que en los siguientes golpes de Estado, hasta su dependencia total de las fuerzas conjuntas, durante la última dictadura militar.

Su estructura militar es la principal barrera para encarar reformas democráticas dentro de la fuerza, ya que la normativa y sus prácticas cotidianas, la han estructurado como un cuerpo con esquemas de autoridad militar, con jerarquías rígidas y con sistemas de control interno corporativos y poco transparentes. Dicha estructura organizativa contiene dos escalafones diferenciados: la de los oficiales y la de los suboficiales o tropa; generando otras consecuencias negativas para la fuerza.

Lo que queremos demostrar es que la corrupción policial de la PFA está predispuesta directamente en sus reglamentaciones y prácticas cotidianas. Y en ese sentido, las conductas policiales delictivas son más el resultado de políticas concretas, que de voluntades personales “desviadas”.

Respondiendo a la pregunta formulada a principio de esta nota, sería fundamental que la PFA, o la que la reemplace en sus funciones, sea una institución policial nacional, federal, civil, armada, jerárquica y de carácter profesional, con jurisdicción en todo el territorio nacional, que dependa política, institucional y estratégicamente del Ministerio que tenga a cargo la Seguridad Pública y Ciudadana de la Nación. Desde su creación a esta parte, el perfil militarizado y autoritario de la actual PFA, en discordancia con los tiempos democráticos que vivimos, se ve acentuado por el autogobierno de sí misma, garantizado por su estructura en escalafones, el régimen de ingresos y ascensos, la prohibición a la sindicalización de los policías a quienes se les niegan su condición de trabajadores y sus derechos respectivos. Esto debe terminar.

El actual régimen disciplinario de la PFA, en la práctica, desconoce que los miembros de la policía son, en primer lugar, ciudadanos con derechos. En su lugar, siguiendo los aportes de la guía modelo del PNUD para la instauración de un sistema de seguridad pública y democrática, agiornados a la realidad de nuestro país federal y republicano; la PFA no sólo debería regirse por los principios de legalidad, el de oportunidad, el de razonabilidad y el de gradualidad; sino tener una regulación específica del deber de obediencia, el cual no se guardará cuando la orden de servicio impartida sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal,  o su ejecución configure o pueda configurar delito, o cuando provenga de autoridades no constituidas de acuerdo con los principios y normas contenidos en la Constitución Nacional; y de la aportación de armas, la que será exclusivamente para el desempeño de las funciones policiales y solamente durante el horario de servicio, siempre que el desarrollo de estas deba suponer inevitablemente la portación y eventual utilización del tipo de armamento que las reglamentaciones establezcan.

Actualmente, el oficial, al que se le ha impuesto una falta, solo puede apelar ante quien se la ha impuesto o a un superior a éste. Ello anula, prácticamente, la posibilidad de defensa, ya que quien le ha impuesto la falta, difícilmente esté dispuesto a discutirla; y, de acudir, el acusado, a un miembro de mayor jerarquía, para que haga de juez imparcial en esa situación, sabe que no tendrá mejor suerte, pues si un superior da razón a un inferior, en desmedro del juicio de su subordinado, está desautorizando a éste, debido a la estructura verticalizada de la fuerza. De esta forma, se privilegia la obediencia al personal jerárquico, antes que la investigación de la verdad de los hechos.

Además, ese tipo de sanciones discrecionales es funcional para resguardar y reproducir una metodología delictiva que se apoya en un “terrorismo administrativo”. Este consiste en producir sanciones administrativas sobre el personal de manera abusiva e indiscriminada, para infundir temor entre los subordinados. Se evita así, cualquier tipo de oposición a la actividad ilegal de los superiores jerárquicos y se teje un sistema de encubrimiento y corrupción.

Por otra parte, es el estado policial el que obliga a portar el arma las 24 horas del día y en toda circunstancia -aún cuando el agente o oficial está de vacaciones con su familia- y a su vez, la ley para el Personal de la Policía Federal lo obliga a “arriesgar la vida e integridad personal en defensa de las propiedad de las personas”. Como resultado de esta imposición tenemos alarmantes índices de oficiales muertos por uso de armas fuera de su horario de servicio, alimentando a su vez, una subcultura de violencia de larga data.

Para tener un mejor control sobre los policías, debería superarse el caduco y manipulable sistema actual instaurado en el mencionado terrorismo administrativo, a través de Asuntos Internos; e ir a instancias más abiertas de control policial a través de dos instancias que sean: una Auditoria de Asuntos Internos y un Tribunal de Disciplina Policial, dirigidas por funcionarios civiles, sin estado policial.

Una reestructuración de la PFA debería por supuesto contemplar rigurosamente los derechos y obligaciones que tendría el personal de la Policía, destacándose el derecho a la dotación del armamento, vestuario y equipo que garantice el eficiente cumplimiento de sus funciones en condiciones de seguridad para su vida e integridad; la cobertura médica integral por cuenta del Estado, incluso luego de verificarse secuelas invalidantes permanentes, derecho que se hace extensivo al cónyuge, a los hijos y los padres del titular y el derecho a asociarse sindicalmente, así como también el derecho a participar activamente en el sindicato de conformidad a los tratados internacionales y la legislación nacional vigente, entre otros.

Debería valorizarse la formación y capacitación permanente del personal policial, en particular la educación universitaria, y establecerse que el ingreso a dicha fuerza, al primer grado del escalafón de la Policía deberá producirse por egreso de los institutos oficiales de formación policial ó de las universidades o institutos de enseñanza superior, y previa aprobación de las actividades de formación y exámenes psico físicos, que al efecto deberán rendir los aspirantes. Así como establecerse rigurosamente tanto, cuáles serán los requisitos para ser miembro de la Policía Democrática, como los términos de inadmisibilidad para el ingreso a dicha fuerza. Al contrario de este planteo, actualmente cuando un oficial joven llega a una comisaría, su contacto inmediato es con los suboficiales, la mayoría de las veces hombres con mucho tiempo en la institución y escasa formación profesional quienes los “instruyen” informalmente en los quehaceres diarios, restándole importancia a su formación académica y técnica.Y en general, el “camino profesional” de un oficial desde que egresa de la escuela, está condicionado, en buena medida a que este pertenezca a la “familia” policial o no.

Para tener un contralor de la carrera policial, y evitar la corrupción en la fuerza, sería útil en este sentido que el personal policial de mayor rango esté obligado a presentar anualmente su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, al asumir el cargo ante la Comisión Nacional de Ética Pública, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. Además, para darle exclusividad a las tareas policiales específicas, ningún policía debería desarrollar funciones propias de la gestión administrativa, ni de la dirección de los recursos humanos, la gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial, la gerencia logística e infraestructural no- operacional, la asistencia y asesoramiento jurídico-legal, las relaciones institucionales y cualquier otra función no policial, las que deberían ser desarrolladas por personal civil.

La organización de la Policía Democrática debería establecerse sobre dos instancias orgánico-funcionales: la policía preventiva y la policía judicial de cada Unidad Regional / o provincia, que estarán distribuidas en todo el territorio nacional; constituyéndose a su vez, un mando intermedio centralizado en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, que será un laboratorio de gestión policial. Por su parte el personal policial debería organizarse en un escalafón único de oficiales, que contenga distintos grados jerárquicos de acuerdo a las necesidades de las instancias orgánico-funcionales en que se organiza la fuerza, para que la nueva PFA sea una herramienta adecuada frente a la posibilidad de conductas graves que impliquen un delito federal, y/o afecten a la seguridad nacional (no militar), como son las redes de trata, redes de desarmaderos, narcotráfico, etc.

Como propone el ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni: “Tenemos que hacer en este sentido lo mismo que hicieron los Estados Unidos. Ellos tienen las policías de condado y les funcionó toda la vida. ¿Por qué no nos ayudaría a nosotros con nuestros problemas? Estoy convencido de que puede ser un cambio muy beneficioso. En ésta, como en otras cuestiones, tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que nos piden que hagamos”. Y en ese sentido, tenemos que pensar la policía que necesitamos, para abordar la realidad que nos toca; y no las soluciones que nos quiere imponer la DEA.

El reto es cambiar esta realidad de raíz, y hacer del policía un ciudadano y un trabajador con derechos y deberes; y de la fuerza policial una institución que resguarde la seguridad pública y democrática desde una perspectiva de derechos humanos, priorizando la protección de las personas, en vez del statu quo; recuperando los niveles de confianza con que hoy no cuenta, y realizando una verdadera tarea de prevención, y también de conjuración e investigación de los delitos y los hechos de violencia.