Está fracasando la pata de la justicia

Repercusiones del asesinato de Micaela Garcia

Entrevista a Leandro Halperin realizada por Cintia Mónaco

El hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela Garcia trajo un enorme estallido social de bronca, de reclamo de justicia; y también una ola inmensa de pedido de endurecimiento de leyes para este tipo de delitos. Dado su trayectoria y conocimientos en este tema entrevistamos a Leandro Halperin.

A modo de opinión, qué te pareció todo lo que destapó el caso de Micaela. Cómo fue tratado judicialmente, cómo fue tratado mediáticamente.

Una barbaridad. Creo que hay otra pata más que está fracasando en todo esto, no? Que es la pata de la justicia, en relación a la responsabilidad de muchos jueces que basan sus decisiones en su discrecionalidad, en la falta de rendición de cuentas, y en que la víctima no participa; esto también tiene que cambiar. Me parece que los jueces no pueden fallar solamente desde una burbuja, y considerar argumentos exclusivamente académicos. Los jueces son parte de la sociedad, no son una isla dentro de la sociedad, y creo que el caso de Micaela muestra que el juez no consideró que era lo que pasaba.

La libertad condicional es una “posibilidad”, no es una obligación. Y en este caso está claro que todo indicaba que no era recomendable. El juez no tiene el diario del lunes, no puede pronosticar el futuro, pero sí tiene que tener en cuenta el pasado y me parece que este juez no tuvo en cuenta lo qué pasaba con esta persona en prisión, y lo debió haber tenido en cuenta, es un error, es un grave error. Y por supuesto cuando un juez comete un error evitable, debe ser responsable del error que cometió. Esto es algo distinto del tema del tratamiento que se le da; son do cuestiones distintas. No creo en la generalización que hacen de los jueces los periodistas, a este caso de dieron un tratamiento dispar.  Me parece que, en todo este caso, lo más razonable fue la familia de Micaela, en todo este lío mi único héroe fueron las víctimas.

¿Sabes qué políticas específicas lleva el Estado al interior de los servicios penitenciarios, en lo que se llama “tratamiento”, para que las personas condenadas por el delito de violación, no reincidan? ¿Es posible que haya una política específica al respecto, en realidad?

Una política unificada en lo que se refiere al tratamiento para los que están detenidos por violación o abuso de alguien no hay, hay distintas experiencias en el servicio penitenciario Federal, las hay en algunos servicios penitenciarios provinciales, pero todavía no hay distintas mediciones de impacto que nos permita presuponer que alguna de ellas pueda servir para prevenir estos comportamientos. Por varios motivos. En primer lugar, porque todavía no está claro que este tipo de comportamientos sean una “enfermedad”, no? Porque si fuesen una enfermedad entonces lo que correspondería no es un juicio, para saber si la persona es responsable, porque la responsabilidad penal presupone “la culpabilidad”, o sea la posible comprensión de los hechos, y por otro lado, la posible motivación en favor de la realización de esos hechos ilícitos. Entonces el sistema todavía no ha planificado si aquel que comete un delito sexual es un delincuente o un enfermo. Si es un delincuente, lo que tiene que hacer es cumplir pena y la pena es temporal, por lo tanto un tratamiento tampoco podría ser obligatorio. Y si es un enfermo, lo que correspondería no sería la pena sino un tratamiento forzoso u obligatorio.

¿Sabes qué políticas postpenitenciarias existen para los casos de delitos vinculados a la violencia machista? ¿Qué rol juega el Patronato de Liberados, y qué rol debería jugar?

Ninguna no hay política post penitenciaria, ni para los hechos vinculadas a la violación de los derechos de género, ni para ningún otro delito.

La política post penitenciaria es prácticamente nula, los patronatos están desfinanciados, tienen poca gente, poco jerarquizada, mal paga, los equipos interdisciplinarios en los casos que hay, escasean. La verdad es que el Estado no tiene una política de estado post penitenciaria de supervisión de la pena para cuando éstos se hacen de libertad.

¿Conoces alguna experiencia de política pública internacional que haya abordado este tema con algún tipo de resultados positivos?

La mayoría de los países europeos tienen políticas post penitenciarias serias. Canadá hace un seguimiento y una supervisión que empieza en la última etapa del cumplimiento de la pena y continúa durante el primer tiempo en el medio libre, donde se va verificando que la integración resulte no conflictiva, tanto para el detenido o el ex detenido, como para la sociedad. Y esto se hace de manera compleja, o sea con un abordaje que tiene en cuenta las patologías cuando las hubiese, las adicciones cuando las hubiese, el delito por el cual esa persona estuvo preso, y también el medio en el que se involucra cuando recupera su libertad.

No hay una única forma de abordar a las personas que estuvieron en prisión o que están en prisión, sino que este abordaje debiera ser lo suficientemente complejo como para contemplar todas estas aristas y hay países que lo tienen. Yo creo que los mejores modelos hoy son los de Inglaterra, Noruega, Holanda, Dinamarca y Canadá.

¿Qué opinas de las leyes impulsadas por los diputados Petri, o Sergio Massa sobre modificación a la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad – ley nº24660-? Este proyecto de ley tuvo media sanción en diputados durante el 2016.[1]

No sólo Petri y Massa están impulsando leyes de esas características. Nuestro sistema penal o de ejecución de la pena tiene una lógica “premial”, que establece un máximo de pena que se fija en la sentencia, y después en función de una “meritocracia penitenciaria” o carcelaria, en función de determinados estímulos – que debieran funcionar bien, pero que no lo hacen- si la persona privada de libertad produce determinados avances durante su prisión, en lo que se conoce como tratamiento penitenciario, puede acceder a beneficios, que algunos de esos beneficios involucran la soltura anticipada, como la libertad condicional para los que están presos por primera vez, o la libertad asistida para los que reinciden.

En caso de concretarse este proyecto que impulsan tanto Petri como Massa, como otros actores de varios partidos políticos, se acabarían los estímulos para hacer algo bueno en la cárcel, sin duda traería muchos problemas.

Hay casos como los de Mendoza, donde la ley Petri esta sancionada, que es un buen ejemplo de cómo el Estado puede volver a fracasar si legisla mirando las consecuencias y no las causas de los principales problemas que tenemos, o sea sintetizando, me parece una burrada. Estoy totalmente en contra, me parece poco serio, es irresponsable; me parece demagogo, y además me parece que esto ya ha fracasado en nuestro país, incluso ya está fracasando hoy, y es lamentable que no se estén tomando en cuenta las experiencias que hay para evaluar proyectos legislativos de estas características. Y por otra parte, aunque a mucha gente pueda no importarle, esto va a traer problemas hacia el interior de nuestras cárceles, como los tienen en Mendoza.

Leandro Halperin es docente de Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional en el CBC de la UBA. Integrante de los equipos técnicos en seguridad de ECO. Ex Director del Pragrama UBA XXII (Educación en cárceles de la UBA). Director del Observatorio de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de la Universidad Nacional de Tucumán. Consejero Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

[1] Proyecto sobre modificación a la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad – ley nº24660- (con media sanción en la HCDN):  http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2016/BAT2016/PDF/3805-D-2016.pdf