“Lo que está en juego es la aplicación del Principio de Igualdad ante la ley”

Entrevista a Mariana Trebisacce

 Abogada penalista, profesora de Teoría del delito y de la pena (UBA). Opinión sobre el fallo de la CSJN conocido como la Aplicación del 2×1 a Genocidas, y la Ley que en consecuencia sancionó el Congreso Nacional.

¿Qué opinión le merece el ultimo fallo de la CSJN , que por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad?

En primer lugar es necesario aclarar que esta cuestión posee varios puntos que pueden tomarse como objeto de análisis y a cada uno de ellos corresponden  fundamentos de  tan diversa índole (política, social, jurídica, histórica e incluso emocional)  que difícilmente puedan cruzarse sin asumir el riesgo de la contradicción u otras formas de falacia argumental. Sentado ello, y haciendo entonces un análisis jurídico, creo que el fallo de la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación supone la interpretación  más amplia posible de una garantía constitucional que resulta uno de los pilares sobre los que se construye nuestro Sistema de Derecho Penal: La aplicación retroactiva de la ley penal más benigna como excepción a la irretroactividad de la ley penal, cuya naturaleza se explica a la luz de la máxima que impone la aplicación equitativa de la ley, es decir, del Principio de Igualdad. Y la interpretación amplia de una garantía constitucional, que finalmente ofrece un mayor marco de protección para todos, difícilmente pueda resultar una mala decisión jurídica y mucho menos significar un retroceso en términos de “justicia”.

Sin embargo, la multiplicidad de cuestiones conflictivas y por lo tanto materia de discusión e interpretación que se dan en este tipo de casos (tanto desde el derecho sustantivo como procesal) los convierte en situaciones de juzgamiento atípicas que imponen un exhaustivo análisis de cada una de ellas para dilucidar si y en qué medida las mismas, o alguna de ellas, tiene entidad para conmover, descartar o invalidar la aplicación en el caso concreto de una garantía fundamental. Sólo para mencionar algunos de los temas que vienen siendo materia de debate jurídico a partir del fallo que nos ocupa, podemos citar:

– El tiempo transcurrido desde la fecha de comisión de los delitos y la condena firme (un promedio de treinta años) y la “ultractividad”

– La fecha de inicio de la prisión preventiva, posterior a la derogación de la ley 24.390.

– El carácter permanente de los delitos involucrados.

– La construcción desde el Derecho Internacional de las categorías de “genocidio” y “lesa humanidad” y el Principio de “no impunidad”

– La inexistencia de un “proceso penal” propiamente dicho iniciado a la fecha de la derogación de la ley 24.390 que habilite la aplicación de la ley penal más benigna.

Sin pretender agotar la lista de argumentos posibles a tratar y más allá de las diferentes posturas que puedan adoptarse en relación a cada uno de ellos, entiendo que lo que realmente está en juego, en el fondo, es justamente la aplicación del Principio de Igualdad ante la ley y en ello radica en verdad la gravedad de la discusión que se ha instalado. La pregunta más o menos maquillada detrás de la diversidad de argumentos sobre las interpretaciones opuestas que ofrece el fallo y de aquellos, incluso, que no aparecen en él, es si las personas condenadas por los delitos considerados como “genocidio” y “lesa humanidad” merecen ser alcanzados por las mismas garantías que amparan a todos, entre ellas, la aplicación de la ley penal más benigna, cuando ello supone un beneficio concreto para su situación particular.

Es allí donde entiendo que la respuesta debe ser necesariamente afirmativa aunque ello pueda, en su aplicación concreta, provocar sentimientos encontrados e incluso negativos en el seno de la sociedad. Porque la idea de un sistema normativo –en el marco de un estado de derecho- es justamente la superación racional de las pasiones que mueven a los seres humanos, entre ellas la venganza,  en el ámbito del tratamiento de los conflictos que hacen a la naturaleza del ser social.

La aplicación del sistema de garantías no puede depender del mayor o menor desvalor de las acciones u omisiones  sometidas a proceso porque ello importaría su relativización y por lo tanto, la afectación probablemente irreparable de la finalidad que explica su naturaleza: La protección de todos los seres humanos frente al poder incomparable e irresistible del Estado.

Ahora bien, todo ello no quiere decir que determinados hechos altamente desvalorados no merezcan un tratamiento especial, no en términos de aplicación diferencial de garantías constitucionales, como expliqué antes, (ya que las mismas no están pensadas como un sistema para beneficiar a quienes cometen delitos, sino por el contrario, para la protección de todos los seres humanos frente al poder del Estado) sino en virtud de las circunstancias particulares en las que tienen lugar, para facilitar tanto su prevención como su detección y su no impunidad.

En consecuencia, tampoco quiere decir, necesariamente, que la interpretación de la mayoría en el fallo Muiña sea la adecuada en el caso concreto, sino que la base desde la que debe partirse es la que impone la obligación de aplicar equitativamente la ley y no justamente la opuesta y forzar de este modo los argumentos para lograr una finalidad previa que es la de no otorgar beneficio alguno a los procesados y condenados en este tipo de casos. Se trata,  finalmente, de debatir las cuestiones jurídicas desde la honestidad intelectual, evitando así caer en contradicciones y falsas conclusiones que contribuyen a tejer el manto de hipocresía que históricamente asfixia lenta y agónicamente a nuestro Sistema de Derecho Penal.

¿Cree que la mayoría de la CSJN hizo una correcta interpretación del precedente “Arce” (Fallos 331:472) para resolver como lo hizo?

Entiendo que la interpretación del fallo “Arce” que hace la mayoría es consecuente con el análisis que se plasma en los argumentos del caso “Muiño”, al menos es los términos explicados en la pregunta anterior, es decir, en cuanto se opta por la aplicación amplia de la garantía. Por eso es que en este sentido los diferencias que existen entre ambos casos tratados por la Corte, como por ejemplo el tipo de delito,  no conmueven  el criterio sustentado, ya que el principio de aplicación retroactiva de la ley penal mas benigna no se ve afectado por tales diferencias, en términos de aplicación equitativa de la ley. Lo mismo sucede con el voto de Zaffaroni en el caso “Rei”, es una interpretación de la garantía superadora de las diferencias, que no alcanzan a obstaculizarla.

Una cuestión diferente es la discusión sobre si la derogada 24.390 puede funcionar como un supuesto de ley penal más benigna en cada caso concreto con las particularidades propias de cada situación.

No olvidemos que estamos debatiendo sobre los efectos y alcances de una ley derogada en el año 2001, que trajo más de una discusión sobre su naturaleza. En este sentido no es un tema menor lo que disponía el artículo 10 de la misma en cuanto dejaba fuera de su alcance el delito previsto en el arti1culo 7 de la ley 23.737 y los agravantes del artículo 11 de la misma, cuya constitucionalidad se discutió ampliamente.

¿Usted cree que era necesaria la ley aclaratoria, que después del fallo sancionó el Congreso Nacional?

Es difícil hacer un análisis basado en un criterio de necesidad. Creo que la ley que se debatió y sancionó recientemente en el Congreso posiblemente traiga grandes problemas a partir de su aplicación. Es una ley que pude calificarse como “traumática” ya que se basa en la imposición de una fórmula de interpretación de una ley derogada hace varios años,  es decir que sus efectos sólo cobrarían sentido de ser aplicados hacia atrás, específicamente a hechos ya acontecidos. Más aún, la naturaleza misma de la ley atenta contra la idea de control de constitucionalidad, tarea que le compete al Poder Judicial y en última instancia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el ámbito propio de la división de poderes.