Los derechos ciudadanos en la nueva Revolución Tecnológica y del Conocimiento del siglo XXI

Escribe Guillermo Goldstein

Estamos en el comienzo de la 4ta. Revolucion Industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que habrá de cambiar el mundo tal como lo conocemos. Las nuevas tecnologías están modificando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Se afirma que, en su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes.

La manera en que diseñemos las comunicaciones, ya sean entre personas o entre las cosas, definen nuestro presente y condicionan el modelo de desarrollo de las próximas generaciones. Así como en el Siglo XIX fueron las vías ferroviarias y  las rutas la plataforma de desarrollo de un modelo agro-exportador con cabeza en el puerto de Buenos Aires, en el Siglo XXI son las redes de telecomunicaciones, la arquitectura de Internet y los contenidos de los medios de comunicación los que habrán de definir, en buena medida, el nuevo modelo de desarrollo. Estamos frente a un nuevo paradigma que nos da la oportunidad de transformar la manera en que nos relacionamos y a la vez de democratizar la economía a través de la socialización del conocimiento si somos capaces de revisar y corregir los problemas de un país desigual social, económica y geográficamente.

Las comunicaciones covergen desde diversas plataformas hacia nuestros hogares y trabajo, hoy ya no diferenciamos los contenidos que nos llegan por televisión de los que llegan por Internet o por telefonía. Sin embargo nuestra legislación sigue diferenciando las tecnologías y los contenidos por la forma en la que accedemos a ellos.

Para empezar a ubicarnos en los desafíos propios de este siglo, desde el Partido Socialista presentamos en la Cámara de Diputados el primer proyecto integral de ley de comunicaciones convergentes. Esta propuesta, que elaboramos junto a especialistas interdisciplinarios, contempla la regulación de todos los medios y tecnologías de comunicación: servicios de televisión abierta y de pago (cable y satélite); radio (AM y FM); telefonía fija y móvil,  conexiones a internet, servicios audiovisuales conocidos como OTT (“over the top”) y el papel que le cabe al Estado Nacional, tanto a través de los medios audiovisuales, como a través de la construcción de redes de telecomunicaciones por medio de  la empresa Arsat.

Con esta lógica “convergente” abrimos este debate para regular la economía de las comunicaciones en la Revolucion Tecnologica y del Conocimiento con atención prioritaria a los derechos ciudadanos en materias de información, cultura y comunicación. Es un tema vital. No puede seguir estando regulado por decretos de un gobierno.

El proyecto contempla a quienes transportan datos y quienes generan y distribuyen contenidos. Es totalmente respetuoso de la libertad de expresión, garantiza neutralidad de la red, regula la participación publica y privada, se establecen claras reglas asimétricas para favorecer el desarrollo de las Pymes y empresas de la economía social del sector tanto en la generación como en la distribución de contenidos. Vela por la participación plena de organizaciones sin fines de lucro y medios comunitarios de comunicación.

Nuestra iniciativa define la composición de una Autoridad de Aplicación con competencias en los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones, el “Ente Federal de Comunicaciones Convergentes”, éste será un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones, descentralizado y autárquico, en el ámbito del PEN. Asimismo, la integración del Directorio del Ente debe asegurar un funcionamiento libre de injerencias político-partidarias como de fuerzas económicas y, al mismo tiempo, competencias técnicas y conocimientos académicos y profesionales sobre los sectores incluidos en la normativa. Para ello se prevé que el Directorio cuente con siete miembros que deberán concursar sus cargos.

Nuestro anteproyecto respeta los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se nutre especialmente de los debates sobre libertad de expresión, concentración mediática, acceso y calidad de las telecomunicaciones y funcionamiento de Internet que se dieron en la Argentina y en el resto de la región desde 1983 en adelante. Porque creemos que la  democracia participativa es el mejor sistema de organización política, proponemos una nueva etapa de aportes y consideraciones abierto a la sociedad.

Estamos seguros que nuestro proyecto se puede mejorar. Para eso, invitamos realizar propuestas, comentarios y sugerencias a Cemupro (Centro de Estudios Municipales y Provinciales) www.cemupro.com.ar.

Guillermo Goldstein es asesor de Bloque del Partido Socialista en el Congreso de la Nación.