El “Régimen de responsabilidad empresarial” es una deuda pendiente en materia de legislación penal

Entrevista a Julieta Pignanelli  realizada por Cintia Mónaco

Repercusiones de la media sanción del proyecto de ley de “responsabilidad empresarial” que establece sanciones para delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho transnacional, que reclama el Ejecutivo. Dada su trayectoria y conocimientos en este tema entrevistamos a Julieta Pignanelli.

Según tu opinión, es una deuda pendiente una ley sobre el régimen de responsabilidad en el país? o no hay vacío legal al respecto?

Entiendo que es una deuda pendiente en materia de legislación penal. Existe otra ley similar para personas jurídicas desde 2011, en materia de Lavado de Activos pero no para el delito de corrupción. Recordemos que este delito según el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) está muy extendido en Argentina, desde el Gobierno anterior y quieren ver avances en la persecución del delito de corrupción. Recordemos que Argentina es miembro pleno del G20, lo cual conlleva mayores obligaciones que otros países de la región.

En octubre de 2017 y marzo de 2018, la Argentina deberá presentar informes al Grupo de Trabajo sobre el progreso realizado en el cumplimiento de determinadas recomendaciones clave, como las de corrupción (Programa Oficial Jusiticia 2020)

La posible entrada de Argentina en OCDE generaría una mejora en la calificación internacional, lo cual sólo se traduce en mejora de las condiciones macroeconómicas cuando las inversiones se destinan a financiar al mercado productivo y no sólo a cubrir el déficit fiscal.

Asimismo esta legislación nos pone a tono con la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada Transnacional de Palermo del año 2000 y con la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de Merida en 2003.

¿Qué hay de mitos y verdades alrededor del artículo 37 -rechazado en la votación de la cámara de diputados – del proyecto que impulsaba el gobierno? (  el artículo 37 —denominado “artículo Odebrecht”- propuesto por el oficialismo, establecía que “las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz (…) por hechos anteriores a la sanción de la presente ley”).

El primer problema estaba relacionado con la posible retroactividad de la ley penal y la polémica en torno a su legitimidad. En segundo lugar, sólo requería del acuerdo de la SIGEN y la Procuración del Tesoro, ambos organismos están relacionados al Poder Ejecutivo Nacional. Esto reviste una técnica legislativa muy pobre porque el PEN debatiría sobre estas cuestiones, pudiendo ser una parte estatal involucrada en estos delitos. Lo mejor hubiese sido que un organismo judicial, el Ministerio Público Fiscal fuese quien se resuelva estos temas.

¿Qué no le debería faltar a una ley de estas características?

La figura del decomiso debe ser la mas importante en estos delitos, se debe tender a una legislación cómo lo es el Proyecto de Extinción de Dominio, donde existan reglas claras en relación al procedimiento a seguir con las empresas y activos decomisados.

La Extinción de Dominio, se ha aplicado con éxito en países como Colombia. En este país se expropió una cadena de farmacias muy conocida, la cual pertenecía a un cartel de narcotraficantes y fue administrada por 10 años por un organismo estatal específico de ese país.

Julieta Pignanelli es  Abogada, especialista en Asesoría Jurídica de Empresas, Docente de Elementos de Derecho Comercial, UBA, asesora parlamentaria del bloque Frente Renovador, de la HCDN.