LEYES PENALES PARA PROTEGER EN VEZ DE SANCIONAR (EL DOGMA DE LO INIMAGINABLE)

Escribe Emiliano Montini

 

Hace unos días, se sanciono en el Honorable Congreso de la Nación un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, tendiente a crear o sistematizar, un Régimen Penal de las Personas Jurídicas.

En la discusión sobre tablas del proyecto, pudimos escuchar variadas opiniones, fundamentalmente acerca del objeto de la ley, o bien, del llamado “artículo 37” o más conocido como “articulo Odebrecht”, como así también, la sorprendente y poca discutida declaración de imprescriptibilidad de los delitos comúnmente llamados de “corrupción” (hecho que me merece una profunda critica que por razones metologicas no ventilaré en estas líneas en honor a la brevedad)

Pero más allá de estas discusiones técnicas (y políticas), ha pasado desapercibido el hecho de que el arribo al Congreso de este tipo de legislación, cuanto menos, resulta novedoso para el ordenamiento jurídico argentino, el cual ha sabido experimentar en las últimas décadas una férrea oposición de una parte influyente de la Doctrina local, quienes se oponían a considerar factible la imputaciones penales a quienes no fueran personas humanas.

Dicha discusión en las últimas décadas fue ganando más voltaje, pero a su vez, mayores adeptos a la teoría que propiciaba su aplicación como una herramienta efectiva de control y sanción.

Y sin lugar a dudas, dicha variación en la Doctrina, como así también su tratamiento en el Congreso de la Nación, estuvo relacionada esencialmente por el sostenido aumento de los delitos cometidos a partir de la actividad económica de dichas personas jurídicas; es decir, la mentada criminalidad económica que a diestra y siniestra los ámbitos jurídicos se cansaron de invocar.

Independientemente de ello, lo cierto es que en todo el mundo, en los últimos años, han proliferado la existencia de  diversas corporaciones, empresas, grupos de empresas, sociedades civiles, etc., las cuales, amparadas en dichas figuras legales, llevaron adelante todo tipo de delitos en contra de los Estados y de los ciudadanos (entre ellos delitos contra la administración pública, delitos ambientales, tráfico de drogas, estafas a inversores, etc.)

Y ante esa proliferación, los Estados –principalmente aquellos con economías abiertas-han decidido que una buena forma de combatir la comisión de estos delitos, era a través de la aplicación de sanciones Penales, ya no solamente a las personas humanas propiamente dichas que conducían los destinos de estas entidades , sino ahora también a las Personas Jurídicas propiamente dichas (o de existencia ideal a tenor del viejo C.C.)

Ahora bien, y sin entrar en apreciaciones personales respecto de la efectividad de posiciones jurídicas netamente punitivitas como prevención de los delitos, como operadores del derecho, algunos vimos en el mentado proyecto una suerte de Caballo de Troya, que amen de castigar a las empresas que cometiesen delitos, daba la impresión que les generaba un marco de justificación para el futuro.

Fundamentalmente, centramos nuestras críticas en la figura mal llamada “colaborador eficaz” y en la creación de un “Programa de Integridad” o también llamado “compliance”.

Respecto a la figura de colaborador eficaz, vale recordar que el proyecto otorgaba la facultad al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y la persona jurídica de poder celebrar un acuerdo de colaboración por medio del cual se obligue a cooperar, a cambio de la suspensión de la persecución, a través de la revelación de información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito.

Pues bien, en términos netamente facticos, algunos vimos en esta redacción una gran chance para las personas jurídicas de poder generar impunidad en sus acciones, y de blanquear los ingresos que obtuviesen de la comisión de los delitos en cuestión.

Nótese que  a contrario de lo previsto por la Ley 27304 al regular la figura del arrepentido, la persona jurídica que se transformase en colaborador eficaz no estaba obligada a que la información que aportase debiera referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que había sido partícipe y cuya responsabilidad penal fuese igual o mayor a la de aquella que colaborase; es decir…..bien podría ocurrir que en un Holding de empresas, las más grande de ellas, y con mayor porcentaje en las ganancias, se constituyese como colaborar eficaz, y delatar a otra pequeña empresa, y obtener con ello, el cese de la persecución penal , el cual transferiría a la pequeña entidad. Y como si ello fuese poco, con el pago de una multa, inclusive podría seguir operando como si nada hubiese ocurrido.

Sumado a ello, con la creación de un Programa de Integridad o también llamado compliance, que a decir del propio proyecto, se creaba a los fines de prevenir, detectar, corregir y poner en conocimiento ante las autoridades correspondientes los hechos delictivos abarcados por el régimen penal a crearse, con la finalidad de establecer las políticas y procedimientos adecuados para garantizar fehacientemente el cumplimiento del marco normativo exigido.

Y como “premio” a dicha implementación, el proyecto otorgaba la posibilidad de atenuar la responsabilidad penal de la empresa en los casos en donde, pese a llevarse a cabo todos los procesos de control, aun así se habrían cometido delitos.

Obviamente este Programa de Integridad solo puede ser costeado por las grandes entidades, dejando en un plano de desigualdad a las pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, y como pocas veces ha ocurrido en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Poder Legislativo se apresta a sancionar un Régimen Penal que viene a encubrir una especie de protección al sujeto activo del delito, más que a sancionar sus conductas típicas.

Desde ya que festejamos que existan herramientas normativas para perseguir y sancionar los delitos cometidos por las grandes empresas de detrimento del interés público y privado; pero ello no quita que consideremos que algunos institutos incluidos en el proyecto sean de dudosa efectividad, sino más bien todo lo contrario.

Esperamos que el Senado de la Nación tome nota de estas falencias y modifique el proyecto que posee media sanción en Diputados, modificando los puntos neurálgicos del mismo para poder así, darle un marco de operatividad que hoy a simple vista parece no tener.

 

Emiliano Montini. Es abogado, docente, y asesor parlamentario del bloque Libres del Sur, en la HCDN.