¿Cuál es el tipo de Juicio por jurados que se está pensando, para aplicar en Argentina?

Escribe      JORGE JUAN A. ROHDE*
Este martes las comisiones de Legislación Penal y de Justicia dieron inicio al debate respecto de la implementación del juicio por jurados a nivel nacional, por medio de la exposición de diferentes expertos y referentes en la materia.
Si bien se presentaron una docena de proyectos de ley, uno de ellos, impulsado por el bloque Cambiemos parece tener -a priori-  mayores posibilidades de obtener los consensos requeridos, y en este sentido resultó ampliamente apoyado por la mayoría de los expertos y aun por algunos de los diputados intervinientes.
Este proyecto tiene como principales características la implementaciòn de un jurado de tipo clásico o anglosajón, conformado por 12 ciudadanos legos presididos por un juez técnico, siendo la función de los primeros la de decidir respecto a la materialidad de los hechos y la culpabilidad del acusado, mientras que el segundo interviene en la selección del panel de jurados, en la dirección y moderación del debate, la elaboración de las instrucciones finales, y el dictado de la sentencia definitiva -aplicación del derecho sobre la base del veredicto popular-.
Por otro lado, le asigna al jurado competencia sobre todos aquellos delitos que prevean una pena mínima en abstracto de 8 años de prisión, pudiendo juzgar inclusive otros delitos conexos para el caso que exista concurso entre si. En otras palabras, y al igual que la mayor parte de los modelos existentes, reserva al jurado para conocer en aquellos delitos de carácter grave o aberrante, lo cual es lógico, ya que ello previene el despilfarro de recursos escasos, y por otro lado, compromete a la ciudadanía en el juzgamiento de aquellos hechos que conmueven a la sociedad.
Ahora bien, de manera llamativa,  extiende también su esfera de competencia a los denominados “delitos cometidos contra el orden publico” -Libro II titulo IX del Código Penal-, los cuales comprenden figuras tales como la incitación a cometer delitos, la intimidaciòn publica, apología del delito, asociación ilícita y otros atentados contra el orden publico, los cuales -máxime hoy día- resultan un encuadre perfecto para tipificar hechos propios de episodios de protesta social, y que en definitiva, provocarían que la ultima palabra respecto a su represión quede en manos de los jurados. Esto, desde una posición estrictamente objetiva, resulta una invitación para que la ciudadanía juzgue directamente a los protagonistas criminalizados en un contexto de protesta social, lo cual -mas allá de la connotacion que se le quiera dar- obstaría a la obtención de tribunales imparciales que evalúen la conducta reprochada desde parámetros fáctico/jurídicos, sino mas bien por factores ideológicos y hasta políticos. En definitiva, el riesgo evidente a la hora de juzgar estos casos por jurados -decidiéndose en gran medida la suerte de la cuestión  por la selección del jurado, y no por el contenido del juicio propiamente dicho-, sumado a la escasa relevancia punitiva de esta clase de delitos, vuelve llamativa esta decisión legislativa.
Otra cuestión controversial resulta la regla de la unanimidad introducida para la convalidacion de los veredictos populares, esto es, la necesidad de obtener un acuerdo unánime tanto por la culpabilidad como por la no culpabilidad, tanto para condenar como para absolver al acusado. Cabe aclarar que la importancia de esta medida radica en que, de no obtenerse el acuerdo de los 12 jurados, este se declara estancado y el juicio se anula, por lo que el acusado es sometido a un nuevo juicio.
Ahora bien, creo que pese a los esfuerzos argumentales de los defensores de esta regla, lo cierto es que el riesgo de terminar anulando un juicio válidamente celebrado es demasiado grande como para imponer un estándar de consenso tan alto, estricto y rígido. No existe ningún fundamento jurídico, matemático, o aun estadístico, que nos permita justificar el hecho de obligar al jurado a lograr un acuerdo -en uno u otro sentido- por unanimidad. Se ha demostrado hace ya mas de cuarenta años, que un jurado que es obligado a llegar a un veredicto unánime, es tan falible como uno que adopta su decisión por mayoría. Tanto el compromiso de los ciudadanos jurados, como su margen de error, es el mismo.
Sin embargo, el riesgo de no obtener un veredicto válido -lease, por ejemplo, una decisión mayoritaria de 11 a 1- y tener que anular un juicio es mucho mayor. Semejante situación vulneraría -potencialmente- los derechos y garantías del acusado, ya que podría verse acusado en dos juicios consecutivos, pese haber obtenido una mayoría de votos desincriminatorios, que en cualquier otro caso hubieran zanjado la cuestión a su favor. De anverso, también podría dejar desamparada la victima, ya que luego del estancamiento sucesivo de dos jurados -en sendos juicios- se prevé la absolución directa, automática e irrecurrible del acusado, pese a existir -por ejemplo- un numero aplastante de votos de culpabilidad.
Finalmente se discute fuertemente la conveniencia de su aplicación inmediata y extensiva a todo el territorio nacional, o bien la prorroga en su vigencia por un plazo prudencial que permita a las provincias adaptar sus respectivos códigos procesales penales al nuevo paradigma acusatorio adversarial, como asi también a la capacitación de sus respectivos operadores jurídicos. Creemos que si bien las Provincias delegaron al Congreso Nacional la facultad de legislar en la materia, ciertamente y luego de un siglo y medio de inacción, debiera de concederse un plazo superior al año previsto en proyecto de ley en cuestión.
En definitiva, el debate en comisiones de los distintos proyectos de ley presentados constituye un avance significativo, pero en ningún modo significa que la cuestión este resuelta, la cual requiere de una  discusión mucho mas profunda a los efectos de
 analizar que modelo de jurado se pretende, con que alcances y competencia, y sujeto a determinadas reglas que lejos de resultar insignificantes, son particularmente importantes para la viabilidad y coherencia del sistema.
* JORGE JUAN A. ROHDE,  Abogado. Profesor de Ciencias Jurídicas para la Enseñanza Media y Superior. Miembro de
carrera docente de la Facultad de Derecho de la UBA (cátedra de Virgolini). Docente de Juicio
por Jurados y de Recurso de Casación en Materia Penal (adjunto Dr. Daniel Obligado, h.),
Facultad de Derecho, UBA. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.