El reclamo mapuche y la construcción del enemigo público

Newen Mapu. La fuerza de la tierra y la resistencia mapuche

Escribe, Juan V. Fresno*

Desde el 1ro de agosto, cuando en el marco del violento desalojo de un corte de ruta por parte de Gendarmería en Cushamen (Chubut), se perdió contacto con Santiago Maldonado, la comunidad mapuche Pu Lof fue objeto de una intensa atención mediática y política. Transitando el último tramo de una campaña electoral decisiva para la coalición gobernante, el caso adquirió una carga política que lo convirtió en una cuestión de Estado. Pero ciertamente el reclamo mapuche en el sur venía adquiriendo resonancia nacional al menos desde el 10 y 11 de enero, cuando en sendos operativos, 200 gendarmes y policía local cercaron la comunidad,  reprimieron con violencia a sus integrantes y realizaron detenciones. La creciente atención sobre la resistencia mapuche derivó en la amplificación de opiniones incorrectas en torno a su identidad y sus reclamos. Por eso parece recomendable considerar mejor algunos aspectos de la condición de los pueblos originarios en Argentina para poder, como dijo Machado, “distinguir las voces de los ecos”.

Ni chilenos ni argentinos

Uno de los lugares comunes sobre los mapuches más repetidos últimamente sentencia de forma lapidaria que los mapuches no tendrían derecho a reclamar tierras en Argentina por “son chilenos y masacraron a los tehuelches, que eran argentinos”. Con intención de aclarar esta confusión, un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) emitieron un comunicado en el que sostienen que:

“Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no “se extinguieron”, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.” [1]

Si aún esto no fuera suficiente para desestimar aquella aseveración infundada, cabe señalar que hace muy poco fueron hallados los restos de una mujer que vivió hace 900 años en lo que hoy es la periferia de San Martín de los Andes (Neuquén) y que comparte características del ADN de los actuales mapuches. Los arqueólogos la llamaron “la doncella de los Siete Manzanos”. [2]

Dos formas de ver el mundo enfrentadas

Para dimensionar con mayor certeza la distancia entre la cosmovisión de los pueblos originarios y la europea que les quisieron imponer los colonizadores españoles primero y argentinos luego, es importante puntualizar al menos dos aspectos: la relación del sujeto con la naturaleza y con la sociedad. El antropólogo Sebastián Valverde explica que “la ideología de los pueblos indígenas corresponde a lo que podría denominarse “comunitaria”, ya que no considera en el centro de su análisis en la relación con la naturaleza y la propia sociedad al individuo como lo hace el liberalismo o la clase social como lo hace el marxismo, sino por el contrario a la comunidad de ese pueblo indígena. El ser humano se relaciona con la naturaleza y/o con la sociedad a través de su comunidad que es la unidad social fundamental. (…) La comunidad es la base de la organización de la administración de la misma sociedad.” [3]

En palabras de la comunidad mapuche Tremketuayiñ, “la sociedad mapuche en su amplia diversidad cultural y organizativa, tiene a el lof-comunidad, como núcleo de la organización de nuestro Pueblo (…), manteniendo autonomía cada uno de los lof, con toda la unidad cosmogónica, espiritual y política, que como un legado de nuestros ancestros sigue viva en las actuales comunidades. (…) No se entiende a la tierra como un bien económico que se pueda comprar o desbastar, sino que es un elemento componente del wall mapu (nota del autor: universo), como nosotros los Mapuche.” [4]

En los tratados que las autoridades coloniales y argentinas firmaron a través de los siglos XVIII y XIX con autoridades de distintas comunidades originarias,[5] se ve una desestructuración del modo de vida ancestral que se verifica no sólo en el avance de la frontera sino también en el hecho de que al otorgar cargos, regalos y sueldos a unos líderes y hacerlos responsables de los actos de otras comunidades (en su calidad de defensores del Estado colonial/ argentino), se modificaban las relaciones al interior de las comunidades y con las demás. Por supuesto, cuando el debate interno del gobierno argentino entre la integración y el exterminio de los originarios se resolvió por la segunda opción en la década de 1870, los territorios ancestrales fueron puestos a disposición para su explotación capitalista y las comunidades fueron masacradas, diseminadas, reducidas e invisibilizadas.

El hacha sin filo

En las últimas décadas, nuestro país fue creando un marco legal que reconoce derechos fundamentales de las comunidades originarias. El inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional de 1994 establece como atribución del Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; (…) reconocer la personería Jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; (…) asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.” [6]

El paso más importante para abordar la problemática de la propiedad comunitaria de las tierras ancestrales fue la sanción de la ley 26.160 de 2006,[7] que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras por 4 años y suspendió los desalojos por el mismo período, previendo que en los siguientes 3 años se completara el relevamiento territorial de cada comunidad con sus correspondientes análisis antropológicos, catastrales y jurídicos. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue designado como autoridad de implementación y lo llevaría adelante en coordinación con el Consejo de Participación Indígena, Institutos Aborígenes Provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales.[8] De todos modos, la ley omite un aspecto fundamental que es incluir la titulación de propiedad comunitaria como fin del proceso del relevamiento.

Desde la sanción de la ley se dieron todo tipo de contratiempos en las distintas provincias que dilataron la realización de los relevamientos. En la práctica, fue necesario renovar el plazo de vigencia de la ley en 2009 y en 2013 e incluso aún peligra la consecución de la emergencia y la suspensión de los desalojos porque la prórroga vence en noviembre de este año y hasta ahora sólo tiene media sanción en la Cámara Alta para ser renovada. A pesar de las sucesivas prórrogas, la lentitud de la implementación del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas superó cualquier cálculo lógico. Un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el ejercicio 2010 del programa, que fue publicado en 2012, incluyó fuertes críticas sobre los mecanismos de información y coordinación que ejecutaba el INAI, así como falta de transparencia en el uso de las partidas presupuestarias.[9] En 2013, un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen reveló que luego de 6 años se había completado sólo la octava parte de los relevamientos en comunidades y esto en las provincias con menor grado de conflictividad, es decir, que los trabajos estaban retrasados justamente donde era más urgente su implementación.[10]

La situación actual del relevamiento es que de 1532 comunidades registradas el relevamiento está en alguna etapa de implementación en 759 comunidades pero sólo se considera concluido en 459. Lo cual equivale a decir que si la ley no fuera prorrogada el próximo noviembre, el 70% de las comunidades no tendría un reconocimiento del territorio que ocupa. [11]

 

 

Fuente: Amnistía Argentina

Con todo, lo más grave es que la sanción de la Ley 26.160 no detuvo las órdenes de desalojo, las amenazas, los atropellos, las detenciones ni las muertes en las comunidades. Todos los lugares donde las comunidades sufren más violencia tienen una característica común: siempre está involucrada una empresa agropecuaria, minera o petrolera que litiga por las tierras de la comunidad. Para no perder de vista que son vidas humanas las que están en riesgo, no está de más recordar los nombres de algunos de los que perdieron la vida de forma violenta en estos conflictos, como la abuela Carmen Lobo de Quiroga (junio de 2017, Santiago del Estero), Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco). Un dicho del pueblo wichí reza que “la ley es como un hacha sin filo” y efectivamente, cuando falla en su implementación, la ley es un instrumento que pierde su utilidad.[12]

El reclamo mapuche y la creación del enemigo público

Aunque en muchos casos, a causa del empobrecimiento y la persecución, los originarios han migrado hacia las grandes ciudades, también se verifican casos en que las comunidades se organizan para volver a la tierra ancestral, en lo que denominan “recuperaciones”. Estos procesos están contemplados en el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina, que dice que “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”.[13] El documento de los investigadores de CONICET antes citado sostiene que “las “recuperaciones” no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente.”

Un caso adquirió repercusión nacional e internacional en 2007 cuando la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque recuperó 625 hectáreas dentro de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud Argentino del Grupo Benetton. Autoridades de la comunidad se entrevistaron con la familia Benetton en Roma, pero no se llegó a un acuerdo. En noviembre de 2014, concluido el relevamiento territorial de la comunidad en el marco de la Ley 26.160, el Estado nacional reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del Pueblo Mapuche.[14]

Ante una nueva recuperación emprendida en tierras de la estancia Leleque en el departamento Cushamen en marzo de 2015, el Grupo Benetton contrató una agencia internacional de prensa y lobby (Jeffrey Group) para impulsar una campaña mediática a nivel provincial y nacional que tuvo como destinatarios a los medios de mayor circulación y a las autoridades provinciales. Desde enero de 2017, se han publicado una cantidad de artículos que intentan asociar al Pu Lof en Resistencia Cushamen con un oscuro grupo violento llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y argumentando que este último tendría vínculos con las FARC de Colombia,[15] con ETA y con un misterioso militante kurdo.[16] Todo esto sin presentar pruebas, citando sólo fuentes anónimas y documentos no publicados. En el centro de toda esta campaña mediática se encuentra el lonko Facundo Jones Huala, quien estuvo preso por varios meses en 2016 por un pedido de extradición a Chile hasta que el juez federal Otranto lo liberó luego de confirmar que hubo torturas a testigos. Desde junio de 2017, Jones Huala permanece detenido en Esquel de modo ilegal porque se pretende juzgarlo nuevamente por la misma causa. Pero esto no se suele reproducir en los medios de comunicación, aunque sí se cita el pedido del gobernador Das Neves de juicio político al juez.[17]

La desaparición de Santiago Maldonado en el contexto de un violento desalojo a integrantes del Lof Cushamen amplificó la difusión de la campaña mediática y de la criminalización de las comunidades y sus referentes.[18] Ante el intento de construir mediática y políticamente al mapuche como enemigo público a causa de las acciones de la RAM, se han expresado voces de comunidades mapuches para poner distancia con esa organización o negar su existencia como expresión de las comunidades.[19] Ante la aparición del cuerpo de Maldonado en el río Chubut, los medios corporativos difundieron, siempre citando fuentes anónimas, que se habría llegado a ese punto a causa de una “interna mapuche”. Corresponde recordar, ante el intento de presentar “internas”, que la concepción social ancestral sostiene la autonomía de las comunidades para no proyectar una estructura centralizada a una sociedad que no tiene ese paradigma.

Por otro lado, es necesario señalar que en el centro de este conflicto, como en el de otras comunidades, se halla una cierta concepción de la relación con el territorio que está en las antípodas del paradigma extractivista que sólo considera la tierra como un insumo para su explotación económica. El lonko Facundo Jones Huala lo expresa así: “El Pueblo Mapuche impulsa la reconstrucción de nuestro mundo y la expulsión de extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armonía. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el poder”.

Juan V. Fresno*, Historiador e investigador del ISEPCi.

BIBLIOGRAFIA

 

[1]  http://anred.org/spip.php?breve12253

[2]  http://www.rionegro.com.ar/sociedad/una-doncella-mapuche-de-900-anos-MA424439

[3]  Tesis inédita de Sebastián Valverde, Los movimientos indígenas en la Argentina. Las estrategias políticas de las organizaciones mapuches, Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, diciembre 2001.

[4]  “Comentario de la Comunidad Tremketuayiñ” en Claudia Briones y Morita Carrasco, Pacta sunt servanda. Capitulaciones, convenios y tratados con indígenas en Pampa y Patagonia (Argentina, 1742-1878), Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Buenos Aires: 2000.

[5]  Se pueden consultar varios de esos tratados en Claudia Briones y Morita Carrasco, citado más arriba.

[6]  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

[7]  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm

[8]  El Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas está explicado en detalle en la Resolución 587/2007 del INAI, disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/134025/norma.htm

[9]  https://www.agn.gov.ar/informes/sistemas-yo-mecanismos-de-control-implementados-para-el-seguimiento-y-evaluacion-de-la

[10]  Se puede consultar el informe de ENDEPA de 2012 en http://endepa.org.ar/contenido/segunda-advertencia-de-endepa-sobre-la-ley-26160.pdf y otro de 2011 con información detallada de la ejecución por provincias en http://endepa.org.ar/contenido/INFORME-LEY-26160.pdf

[11]  Se puede consultar el informe de ENDEPA de este año sobre la ley 26160 en http://endepa.org.ar/ley-26160-una-prorroga-imprescindible/ y el pedido de prórroga de Amnistía Argentina en http://estaesmicasa.territorioindigena.com.ar/wp-content/uploads/2017/10/prorroga_26160.pdf

[12]  http://www.lavaca.org/notas/la-otra-campana-como-es-el-plan-contra-los-pueblos-originarios/ Para conocer mejor la realidad de distintas comunidades, se puede visitar también el sitio de la campaña “Ésta es mi casa” de Amnistía Argentina, que incluye testimonios en video: http://estaesmicasa.territorioindigena.com.ar/

[13]  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/470/norma.htm

[14]  https://elpais.com/especiales/2017/represion-mapuches-argentina/ incluye testimonios en video.

[15]  http://www.perfil.com/elobservador/denuncian-vinculos-de-grupos-mapuches-con-las-farc.phtml

[16]  https://www.clarin.com/suplementos/zona/facundo-jones-huala-mapuche-violento-declar-guerra-argentina-chile_0_BJneugWvl.html

[17]  http://andhes.org.ar/repudio-a-la-detencion-arbitraria-e-ilegal-del-lonko-facundo-jones-huala/; http://andhes.org.ar/la-lucha-indigena-no-es-delito/

[18]  http://www.lavaca.org/notas/la-otra-campana-como-es-el-plan-contra-los-pueblos-originarios/; http://www.lavaca.org/notas/que-hay-detras-de-la-campana-antimapuche-extractivismo-medios-y-un-genocidio-que-no-termina/

[19] https://www.infobae.com/sociedad/2017/08/09/comunidad-mapuche-de-el-maiten-repudio-los-hechos-terroristas-del-grupo-ram/; http://www.telam.com.ar/notas/201708/199781-sergio-nahuelquir-fernando-facundo-jones-huala-ram-mapuches-chubut-santiago-maldonado.html

 

FOTO DE PORTADA/NOTA http://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/comunidades-mapuches-se-movilizaron-en-rechazo-del-nuevo-cdigo-de-tierras/7414