Venezuela: ¿después del 15-O, qué puede suceder?

Escribe Juan Romero

Los resultados de las elecciones regionales en Venezuela, celebradas este 15-O arrojan un conjunto de enseñanzas, tanto para el gobierno como a la oposición. Para el gobierno, muestra la posibilidad de seguir navegando en el efecto portaaviones de la convocatoria de la ANC y el impacto psicológico y anímico, tanto sobre sus seguidores como sus opositores. El resultado en unas condiciones que siguen siendo de apremio económico y alimenticio, de asfixia financiera internacional, muestra las fortalezas organizativas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como maquinaria electoral. Es decir, estamos hablando de una estructura cuya organización tiene gran capacidad de movilizarse cuando las condiciones anímicas lo favorecen.

Los resultados de las elecciones del 30-J, cuando el PSUV obtuvo un total de 8.089.320 votos, que representó una recuperación en relación a su votación del 6-D de 2015, cuando solo obtuvo 5.599.025 votos, significa que la maquinaria no está totalmente derruida, a pesar del efecto desencanto que se deriva de las condiciones de agobio económico y los propios errores de una burocracia ineficiente, permeada por prácticas esencialmente criticables desde el punto de vista ético. Que el PSUV haya ganado 18 de un total de 23 estados, luego de pasar el acoso de la acción colectiva violenta entre abril y julio de 2017, es un verdadero milagro político, que revela que el soporte afectivo construido por el liderazgo de Chávez sobrevive, a pesar de los propios errores del PSUV y la inclemente campaña de desprestigio y desaliento desarrollada en el lapso 2013-2017, y cuyos efectos más claros fueron los resultados de las elecciones legislativas de 2015.

La jugada estratégica adelantada por el presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo, al anunciar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), demostró la posibilidad real que tiene el PSUV de “despertar” las afiliaciones e identificaciones carismáticas construidas en torno a Chávez. El cambio en el discurso político implementado por Maduro muestra que hay una organización política, que, a pesar de sus carencias, es capaz de responder en momentos de apremio y reponerse sobre sus propias cenizas. El panorama político hoy en Venezuela no se parece en nada al escenario postelectoral de 2015, a pesar de que en este proceso político el PSUV obtuvo menos votos que en ese entonces. Las elecciones que acabamos de presenciar le arrojan al PSUV una votación de unos 5.444.371 votos, que representa unos 2.644.949 votos menos de los alcanzados hace 2 meses y medio. Debe decirse que tradicionalmente las votaciones regionales en Venezuela son menos concurridas que otros procesos electorales, y que si bien son procesos distintos, sirven de base de comparación.

Si lo vemos en el caso de la oposición a Maduro, nos encontramos con que la pérdida electoral es también significativa. En 2015, la oposición obtuvo 7.707.422 votos, en el proceso comicial –sin supervisión– del 16-J  2017 obtuvo 7.186.170 votos, y ahora, en este acto electoral solo alcanzó 4.776.214 votos, lo que representa una pérdida de 2.409.956 votos en un poco más de 2 meses y medio. Es decir, la oposición a Maduro perdió entre 2015 y 2017 un total de 2.031.208 votos. El PSUV y Maduro, en ese mismo lapso, unos  154.654votos. En números absolutos, insistimos en ello, dentro del contexto económico, la pérdida muestra un efecto no tan grande, reducido por los garrafales errores y el desvarió de las acciones políticas de la MUD.

Para la MUD estas elecciones muestran los terribles efectos de una política incongruente, de marchas y contramarchas, aunado a una dispersión heterogénea de su liderazgo, entre cuatro organizaciones políticas disímiles (Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Acción Democrática), que les hizo desaprovechar la oportunidad política generada por su triunfo de 2015. La capacidad –o mejor su incapacidad– para administrar el resultado electoral favorable es evidente. Pero no todo es malo para la MUD. Al haber pasado de solo tres gobernaciones en 2013 a tener cinco es un incremento nada desdeñable.

El PSUV recupera gobernaciones que habían sido opositoras como el estado Lara, Miranda y Amazonas, pero pierde tres gobernaciones claves en términos geopolíticos: Zulia, Táchira y Mérida. La denominada “media luna”. Esos estados fronterizos con Colombia son espacios que eran “ocupados” por autoridades cercanas al PSUV. ¿Cómo entender esa pérdida? Las respuestas son múltiples y todas se vinculan con los errores cometidos por el centralismo político de la Dirección Nacional al escoger los candidatos de esos estados para estos comicios. En el caso de Zulia y Táchira, cuyos gobernadores –dos exmilitares claves en el 4F–, Francisco Arias Cárdenas y José Vielma Mora, pretendían repetir el resultado, muestra el rechazo de las bases del PSUV con una gestión muy criticada por su accionar durante los meses de violencia colectiva, entre abril y julio de este año. Por otro lado, hay un voto castigo por el hecho innegable de los efectos del contrabando de extracción y la evidente incapacidad –¿o complicidad?– de estos gobernantes para combatirla. La falta de apertura de la Dirección Nacional del PSUV al hacerse de oídos sordos ante las críticas y exigencias de las bases contra estos exmilitares, tuvo su efecto, que puede generar mayores consecuencias a futuro.

Posibles escenarios ante el resultado de la oposición

En términos absolutos, los números indican que efectivamente el PSUV y el gobierno de Maduro obtuvieron una mayoría significativa de gobernaciones (75% del total). Que recuperó estados controlados por la oposición (Lara, Miranda, Amazonas). Que domina gran parte del corredor electoral (estados con mayor votación) tal es el caso de Miranda (2do), Lara (3ero), Carabobo (4to), Aragua (5to), Portuguesa (8vo), Monagas (9no) y Falcón (10mo). Ello le brinda estabilidad al Gobierno, pues en el eje central controla el epicentro (Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Miranda). Esto en términos de la centralidad del poder político es importante, pero la pérdida que sufrió, en una lógica geopolítica, es muy peligrosa.

La frontera occidental está formada por 2.218 km2 limítrofes con Colombia, que se ha transformado en uno de los socios militares más significativos de EE.UU. en el mundo y el más importante en Nuestra América. Colombia es un país clave en la estrategia de desenvolvimiento del Comando Sur, principalmente por la existencia de bases militares que cuentan con personal y equipo de tropas y de transporte norteamericano. Un aspecto poco conocido es el hecho de que Colombia a través de sus Fuerzas Especiales –entrenadas por EE.UU.– ha venido realizando ejercicios de entrenamiento de otras fuerzas especiales en todo el continente. Con excepción de Cuba y Venezuela, todo el resto de los países han recibido intercambios de entrenamiento por las fuerzas colombianas. Estos entrenamientos, auspiciados por EE.UU., buscan crear vínculos de acercamiento entre los componentes armados, entrenarnos en estrategias de acción conjunta, pero sobre todo permiten un trabajo de inteligencia que facilitaría la “captación” de elementos militares para ponerlos a orbitar en torno a los intereses geoestratégicos de Colombia y, por derivación, de EE.UU.

Conocido es el hecho de que el gobierno colombiano es una pieza vital en una estrategia de agresión militar contra Venezuela. El hecho de que los gobernadores de la oposición que resultaron ganadores en los estados fronterizos, hayan estado relacionados con acciones muy violentas entre los meses de abril y julio, permite establecer un escenario prospectivo de alta conflictividad y avizora relación no oficial entre estos gobernadores y fuerzas especiales encubiertas que se movilicen desde Colombia, con el objeto de desestabilizar.

La posibilidad de un plan secesionista, que tenga como epicentro estos estados fronterizos, que tienen enormes recursos estratégicos (agua, coltán, petróleo, gas, bioma, entre otros) es más que cierta en estos momentos. Los estados Zulia, Táchira y Mérida pueden transformarse en punta de avanzada en un plan de separatismo que proponga el establecimiento de un “gobierno paralelo” en estos espacios, contando con la excusa de responder a una situación de crisis humanitaria en Venezuela. En este sentido, la “alegría” del gobierno de Maduro por el triunfo en las elecciones regionales debe ser revisitado muy seriamente.

El gobernador electo por el partido Primero Justicia en el Zulia, Juan Pablo Guanipa, representa una perspectiva que, insistiendo en la “particularidad” histórica y cultural de esa zona, ha apostado por un separatismo en ocasiones anteriores, durante el gobierno de Oswaldo Álvarez Paz (1989-1993). Lo mismo ocurre con la gobernadora electa en el Táchira, Laidy Gómez, del partido Acción Democrática (AD), quién ha manifestado la “necesidad de abrir la frontera con Colombia”, que significaría el incremento del tránsito y presencia de grupos paramilitares en esa zona.

Ese triángulo geográfico (Zulia, Táchira y Mérida) sería vital en cualquier operación militar que tenga como epicentro Colombia, que según el director de la CIA, Mike Pompeo, está presta a colaborar en la “recuperación” de la democracia en Venezuela. La perspectiva de un plan articulado desde Colombia, contando con apoyo de fuerzas especiales del Comando Sur, que deriven en un “pronunciamiento” independentista contra el gobierno de Nicolás Maduro es una realidad amenazante, más aún con EE.UU. arreciando sus acciones para desestabilizar o forzar una transición política.

Lo que señalamos y con ello advertimos a los órganos de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, es que este resultado incrementa las amenazas a la seguridad y defensa de la integridad territorial del país, más aún si se considera que Colombia ha expresado intereses estratégicos en el espacio del Golfo de Venezuela, donde hay petróleo extraíble superior a los 543.000 millones de barriles y reservas de gas superiores a los 192 millones de pies cúbicos.

En tal sentido, hacemos una prospectiva donde estos gobernadores recibirán soporte de inteligencia proveniente del Comando Sur con sede en Colombia, pueden llegar a propiciar una mayor penetración de fuerzas paramilitares en la zona, provenientes del vecino país, que pueden resultar claves en cualquier acción militar que se planifique contra la integridad territorial. En consecuencia, es necesario la activación de los mecanismos de prevención colectivos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

No hay espacio para dejar que actores políticos, internos o externos, actúen contra la República Bolivariana de Venezuela, en su esfuerzo por desmantelar toda la estructura del Proyecto Bolivariano, levantado con tanto esfuerzo desde el triunfo de Chávez, en diciembre de 1998. La amenaza es real y, sin duda, tiene como epicentro Colombia y la cercanía del espacio fronterizo del occidente de Venezuela, ahora bajo control político opositor.

Nota publicada en 15 y Último