¿Por qué fracasa el Operativo Enseñar?

El pasado martes se llevó a adelante el “Operativo Enseñar”: un examen único destinado a estudiantes del último año de los profesorados de educación primaria. La iniciativa fue rechazada desde la comunidad educativa y tuvo una escasa asistencia por parte de les futures docentes.

Escribe Agustina Eroles*

El pasado martes se llevó a adelante el “Operativo Enseñar”: un examen único destinado a estudiantes del último año de los profesorados de educación primaria pertenecientes a 519 institutos de diferentes provincias. La iniciativa motivó amplio rechazo desde la comunidad educativa y una escasa asistencia por parte de les futures docentes, sobre todo en la CABA donde sólo participaron 9 estudiantes.

Por otra parte, el martes próximo está previsto otro “operativo”, el Aprender 2017, destinado a 4to y 6to grado de la primaria y 5to y 6to año de la secundaria de todas las escuelas del país. “Si no formamos parte del proceso de discusión, no actuemos como su brazo ejecutor, ni como veedores, ni como aplicadores” dice la docencia al respecto.

Para entender un poco más de qué se trata, repasemos primero algunas definiciones en las que seguramente estaremos de acuerdo.

Cuando hablamos de “Operativo”, nos referimos a un conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de carácter generalmente militar o policial. Operativo es un término que puede utilizarse como sustantivo o como adjetivo. En el primer caso, se trata de un dispositivo o un plan que se lleva a cabo para desarrollar una acción y conseguir un objetivo. Por ejemplo: “Dos heridos en el operativo llevado a cabo en las inmediaciones del estadio”.

Nota: en educación, el operativo que se me viene a la cabeza es el Operativo Claridad

Más alla del debate sobre la metodología militar o policial, lo cual quedará para otras reflexiones, cabe hacernos varias preguntas: ¿quién lleva a cabo dicho dispositivo? ¿quién lo diseña? ¿son reconocidos por “alguien”? ¿estuvieron en alguna escuela alguna vez? Y sobre todo ¿cuáles son los objetivos que se persiguen? Estas preguntas permanecen sin respuestas oficiales. Teniendo en cuenta que se trata nada más y nada menos que de la educación en nuestro país, resulta un tanto inapropiado y sospechoso o, en el mejor de los casos, al menos ineficiente.

Hay distintos tipos de evaluación y diversos enfoques para llevarlos adelante. Hay evaluaciones de diagnóstico, de proceso, de producto. Una evaluación puede ser diagnósitca, pronóstica o predictiva. Formativa, progresiva. Sumativa, terminal. Puede llevarse a cabo con la finalidad de orientar o adaptar, facilitar y mediar; para verificar o para acreditar. La evaluación es un proceso continuo e integral. De hecho, estudiantes y residentes son permanentemente evaluados.

Pero no vamos a adentrarnos acá en cuáles son los criterios y métodos más acordes, efectivos y justos para mejorar la calidad educativa de todos y cada uno de los estudiantes de cada nivel a lo largo y ancho de la diversa y heterogénea población de nuestro país (lo cual es un deber del estado garantizar, uno prioritario según todxs). Detengámonos una vez más en aquellos elementos en los que hay acuerdo a la hora de evaluar desde cualquier enfoque y con cualquier tipo de instrumento. Implica definir:  para qué evaluar; qué evaluar; cuándo evaluar; cómo evaluar; quienes evalúan.

En resumidas cuentas, se trata de evaluar como parte de una planificación en la que se da cuenta de los objetivos (para qué evaluamos, qué hacemos con los resultados de esa evaluación) y de los criterios (en este caso sería qué significa ser un buen alumno, un buen maestro o una buena educación; qué contenidos y aptitudes se ponderan como buenos o necesarios; cuáles son los indicadores de logros; etc.)

Nuevamente, ninguna institución cuenta con información al respecto ¿Hubo planificación o es una improvisación? Sin dichos rasgos, una evaluación es inconducente. Y, peor, si están ocultos adrede, es un movimiento antidemocrático y antipedagógico, un abuso de poder que no debería pasar inadvertido por el barómetro de la indignación colectiva.

Sin ir más lejos, los resultados del Aprender 2016 debían “aportar información clave a las autoridades del Ministerio de Educación y Deportes” Pero…. ¿Qué medidas tomó el gobierno con la “información clave”? Formuló el Plan Maestr@. Poco después lo dieron de baja.  Y ¿qué hicieron después?, planearon más operativos. ¿Evaluaciones y políticas para mejorar la calidad educativa? Por ahora, nada de eso.

O la NES (nueva escuela secundaria) que se comenzó a implementar hace 3 años en la Ciudad de Buenos Aires, no ha sido evaluada que sepamos.

¿Qué pretende ocultar el Gobierno entonces al negar tan necesaria información?

Por un lado, hay que destacar que la política educativa del gobierno, centrada en la evaluación como solución de fondo, coloca a docentes y estudiantes como los responsables de los problemas estructurales del sistema educativo.  La concepción de evaluación centrada en pruebas estandarizadas, está orientada a medir y cuantificar resultados y no a proporcionar información que permita fortalecer a lxs docentes en formación y a los Institutos. No respeta los verdaderos procesos de aprendizaje ni a sus sujetos.

 

Información velada y versiones contradictorias (que llegan a las instituciones a través de los medios de comunicación o de algún escueto y tardío mail), componen el relato oficial por estos días respecto a la educación argentina.

Pero si complementamos esa falta de información y diálogo con aquella que nos suministran el discurso y las políticas del gobierno podremos sospechar que lo que intentan es formalizar una educación de dos pisos (como declaró el autodenominado gerente de recursos humanos, ex supuesto ministro de educación Esteban Bulrich): una para los que sean predestinados a ser empresarios y otra para los que tendrán que aprender a gozar de la incertidumbre.

Para eso, los recortes sesgados de datos de dudosa rigurosidad buscan responsabilizar por los resultados conseguidos a estudiantes y docentes pretendiendo borrar así la función indelegable del Estado como garante de derechos, explicitada en la Ley.

Es el viejo modelo de la reforma de los 90 cuyas consecuencias aún sufrimos. En ese momento se prometía financiamiento (internacional) para aquellas instituciones que consiguieran sus “etiquetas de calidad”. Así fue que se promovió la competencia mientras se buscaba garantizar la profundización de la brecha educativa que había iniciado la dictadura cuando descentralizó la escuela primaria. Pero los fondos en equipamiento, materiales y capacitación nunca llegaron. Los resultados de aquella política arrojaron una mala nota: educación empobrecida y fragmentada, acorde a la segmentación social; escuela sostenida a fuerza de la voluntad y el trabajo colectivo de cada comunidad contra el vaciamiento en todo lo público.

 

Ahora esta política de operativos, que se enmarca en la eventual e improvisada reforma educativa de Cambiemos para la escuela secundaria en CABA, con proyección nacional, sigue aquellas viejas recetas en un nuevo contexto internacional.

 

¿Escuelas de alta calidad y escuelas de baja calidad o que todas las escuelas sean buenas?

Este tipo de etiquetamiento promueve una educación como mercancía y el Estado abandona el deber de educar a sus hijos, de hacer posible el desarrollo de los sueños que todos tenemos o tuvimos al atravesar la educación pública.

Más allá de lo que es la educación de gestión privada existente, en muchos países se viene desarrollando el cuasi mercado educativo: un mercado creado por el Estado a través de reglas de financiamiento, operación, adquisición y provisión del servicio. Funciona como un mercado cualquiera en el cual consumidores y proveedores se relacionan a través de contratos de compraventa.

Entonces lo que es un bien público y derecho social se transforma en bien de consumo transable a través de una metodología de financiamiento que opera como subsidio a la demanda. El proveedor obtiene el subsidio en la medida que logre incorporar alumnos a su matrícula. De esa manera, los subsidios dependen de la decisión de compra de la familia. Y el Estado refuerza la conducta mercantil poniendo la etiqueta de calidad a través de pruebas necesariamente estandarizadas, desde este punto de vista.

Una vez más, esta lógica impone un margen de elección cada vez más estrecho para los sectores más vulnerables. De todo esto resulta mayor desigualdad, segregación y una pérdida del sentido social de la educación como bien para un país que forma a sus profesionales, democratiza la cultura y el conocimiento de calidad entre todos sus miembros.

Nos permitimos sospechar que algunos criterios de “rendimiento” que pueden tener los operativos del gobierno (y que por eso los oculta), pueden tener algo que ver con su propuesta de flexibilización laboral, con sus convenios de subsidios a Mc Donalds a cambio de mano de obra joven, barata y precarizada, o también, con su propio capitalismo de amigos en el que cuentan empresas para el negocio educativo (como plataformas cibernéticas o las ONGs que  empiezan a ocupar un lugar importante en los Ministerios); mientras siguen bajando estrepitosamente el presupuesto y haciendo costosas campañas de ataque y desprestigio a quienes no acompañamos estas acciones.

Entonces educación ¿Para qué?

Volviendo a los criterios que debería seguir cualquier evaluación responsable y transparente, cabe preguntarnos qué entendemos por buena educación, al menos quienes no la vemos como un negocio redondo.  Antes que nada, propongo un desafío: hacer esa pregunta a 5 personas. Apuesto que vas a encontrar entre 3 y 5 respuestas bien diferentes.

Sucede que los consensos que tenemos que construir al respecto son mucho más profundos e integrales que un multiple choice o una encuesta telefónica.  Las aceleradas transformaciones que vive nuestra sociedad nos invitan a preguntarnos nuevamente ¿Cuáles son los criterios para definir al buen maestre, al buen alumne y a la buena educación? Es allí y en el recorte presupuestario donde está ubicada la “crisis educativa” o, mejor dicho, la deuda que acarreamos con la educación.

Hay una vacancia sobre las finalidades de la educación, un momentáneo vació de consenso en el marco de las múltiples finalidades que se fueron abriendo o imponiendo- según el caso-, junto con las múltiples realidades de una sociedad cada vez más fragmentada.

Sobre ese espacio vacante el gobierno no busca mejorar la educación ni siquiera construir un diagnóstico serio. Lo que se proponen es imponer, de manera autoritaria y desprolija, una educación altamente mercantilizada. Bien a la medida del país que quieren: también de dos pisos bien diferenciados, con mano de obra barata y obediente como destino prefijado para franjas cada vez más grandes de nuestra población.

Dicha vacancia sólo podrá enfrentarse de manera tal de garantizar la democratización del conocimiento y el derecho a la educación, mediante un continuo y sistemático proceso de diálogo, investigación y acción participativas. Eso es lo primero que tenemos que exigir. Lo primero que tenemos que reconstruir. Un nuevo modelo educativo que cuente con presupuesto suficiente, capacitación permanente, y más allá del gobierno de turno, con fuerte protagonismo de la comunidad educativa, los especialistas del área, y la comunidad en general a través de diversos tipos de representación democrática.

Nada más alejado de los pasos que está siguiendo el gobierno nacional. Pero sí algo que tenemos bien a mano aquellos que día tras día dejamos todo el esfuerzo físico, emocional e intelectual en las aulas desde donde sostenemos la convicción de ir forjando una educación de calidad acorde a las demandas actuales para abrir-nos las posibilidades del futuro. Quizás nos falta reencontrarnos y potenciarnos.

Para avanzar en transformaciones que significan reales mejoras de calidad, respeto de la diversidad e integración social, para que el sistema educativo pueda ser más equitativo, más integrado y centrado en la calidad. Para eso decimos: evaluaciones claro que sí; operativos encubiertos: ¡no!

 

*Agustina Eroles, Docente.