¿Cobertura Universal o Privatización de la Salud?

Analisis de la Cobertura Universal Salud – CUS-, sistema destinado a toda la población que no tiene cobertura.

Escribe Marcos Caviglia*

En agosto de 2016, Mauricio Macri emitió el decreto 908/2016 para implementar el sistema de Cobertura Universal de Salud (CUS) en nuestro país. El mismo plantea usar la caja del Fondo Solidario de Redistribución (un fondo destinado a igualar las inequidades entre obras sociales chicas y grandes, cuyo dinero era usado como extorsión a las obras sociales sindicales por el gobierno K) que consta de $27.000 millones para repartirla y usar en parte para financiar el nuevo sistema de salud. $8.000 millones irían para la CUS, $4.500 millones para las obras sociales y el resto (nada menos que $14.500 millones) se destinan para comprar bonos del tesoro nacional, o sea que ese dinero destinado a salud se desvía para pagar el déficit de las arcas gubernamentales.

Pero, ¿en qué consta la CUS? Más allá del texto poco claro del decreto, podemos ir tejiendo este nuevo sistema por las declaraciones de Macri, el ex ministro Lemus y el actual Rubinstein. Lo que prometen es que con este nuevo sistema, toda la población que no tiene cobertura va a acceder a poder atenderse, además de en el sistema público, en distintos centros privados o de obras sociales. Además, que van a contar con una tarjeta de identificación personal que llevará la Historia Clínica digital. Todo esto en el contexto de una situación crítica del sector sanitario público, con recortes de presupuesto, caídas de programas nacionales y magros sueldos para los profesionales, para los cuales cada vez es más difícil seguir eligiendo atender en el sector público. O sea, con esta reforma nos quieren vender que en vez de hacer cola en el hospital para sacar un turno dentro de 2 meses, vamos a poder atendernos en clínicas cuidadas, con turnos en pocos días y encima llevando la historia clínica en el bolsillo.

Suena casi como una fantasía, pero lo que esconde atrás representa una privatización encubierta de la salud. Antes que nada, el proyecto parte de una premisa falsa, que es que hay una gran parte de la población argentina que no tiene cobertura; desconoce por lo tanto, el trabajo enorme de todos los trabajadores del sistema público de salud que atienden a la población a pesar de los salarios de miseria y la falta de recursos. Entonces, la solución que propone el gobierno en vez de invertir lo necesario en el sector público, es destinar esa plata que tanta falta hace al sector privado. En un sistema como el argentino donde gran parte de la financiación de los efectores de salud pública es a contraprestación de los servicios que brinda (o sea que el hospital recibe dinero del estado por cada consulta y práctica para financiarse), proponer un sistema como la CUS significa que ese dinero en vez de ir al hospital será destinado a la clínica privada; una enorme transferencia de recursos de lo público a lo privado. Pero no termina acá el plan del gobierno: en el paquete de leyes próximo a votarse en el congreso, junto con la reforma laboral, proponen la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que estará integrado por las obras sociales y las prepagas. Sus atributos incluyen la modificación del Plan Médico Obligatorio, esto significa que pueden decidir que prácticas tienen que cubrir o no obligatoriamente las obras sociales y prepagas, pudiendo dejar dentro del paquete aquellas que son rentables, y fuera aquellas que les significan un gasto como enfermedades crónicas, discapacidad, etc.

¿Con qué nos deja todo esto? Esta enorme transferencia de recursos del Estado al sistema privado de salud deja al sistema público aún más desfinanciado, teniendo que competir directamente con los privados para sobrevivir y haciéndose cargo de las prácticas de salud más caras que dejarían de cubrir las obras sociales y prepagas. Para peor aún, se fortalece una estrategia de salud que financia únicamente la atención y deja de lado las tareas de prevención, promoción y participación comunitaria; o sea, se dedica a tratar la enfermedad en vez de transformar los determinantes que la disparan.

Como frutilla del postre, queda un interrogante: si para acceder a una consulta se necesita el carnet de la CUS, ¿qué va a pasar con aquellos que no pueden registrarse por falta de documentos, no tener residencia en el país, etc.? Parece que al gobierno poco le importa que en nuestro país se deba garantizar la atención gratuita a todas las personas que aquí habiten. Si quieren una posible respuesta a esta pregunta, miremos la Ciudad de Buenos Aires, donde muchas veces se les niega atención especializada a personas que no tienen condición de residente o documentos (como es el caso de tratamientos crónicos como la diabetes).

En síntesis, estamos asistiendo a un plan de privatización del sistema de salud. Al problema de las malas condiciones del sistema sanitario, la respuesta del gobierno es tratar de achicarlo y desfinanciarlo, poniendo en riesgo no solo el trabajo de miles de profesionales que día a día siguen eligiendo la vocación antes que la plata incluso en condiciones de miseria, sino también la salud de ese gran sector de la población que no tiene obra social ni prepaga, y al que tratan de venderle espejitos de colores para seguir recortándoles derechos.

Frente a este panorama, no necesitamos un decreto elaborado en las sombras para reformar el sistema de salud argentino, sino un debate amplio donde participe todo el campo de la salud para poder adaptar el sistema a las necesidades de un país donde parece que la solución es solo para el que tiene plata.

*Marcos Caviglia, Médico