UNA REFORMA TRIBUTARIA A MEDIDA DE LOS GRANDES EVASORES

LOS PELIGROS DE LA LEY 27430,  LLAMADA REFORMA TRIBUTARIA.

 *Escribe Julieta Pignanelli.

 

El pasado 27/12/17 el Senado convirtió en ley la llamada Reforma Tributaria , promulgándola el Poder Ejecutivo el 29/12/17 como  , la cual, según el Gobierno prevé una disminución de ganancias para las empresas que reinviertan sus dividendos, grava la renta financiera y disminuye en forma gradual los aportes patronales, con el fin de poder disminuir la presión tributaria de manera gradual en un plazo de cinco años.

 

La reforma al régimen penal tributario, ha agregado lo que los tributaristas llaman “bala de plata”, es decir la posibilidad que, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación fehaciente de la imputación penal por evasión simple, agravada, aprovechamiento indebido de los beneficios fiscales y de la seguridad social, se pueda extinguir la acción penal si se aceptan y cancelan los montos adeudados. Este beneficio se otorgará por única vez. Gran parte de los especialistas entiende que esto sólo favorece a las grandes empresas que tienen fondos suficientes disponibles, es decir, ganancias no distribuidas, por lo que pueden incurrir en este tipo de delitos y luego exonerarse mediante el pago de sus obligaciones.  Cuando hablamos de evasión, estamos hablando de grandes contribuyentes, tengamos en cuenta que los montos para que se configure el delito de evasión simple es de un millón de pesos por cada tributo y por ejercicio anual.

 

Algunas grandes empresas pueden tomar la decisión de retener indebidamente los fondos destinados a los impuestos y a la seguridad social, para especular con los mismos y sólo pagar cuando los organismos recaudadores lo soliciten.

 

Si tenemos en cuenta que la política macroeconómica del Gobierno actual basa gran parte del financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión de instrumentos financieros de emisión monetaria tales como LEBACs y LETES,  podemos ver el circulo vicioso que estaríamos ayudando a crear con esta regulación. Muchas grandes empresas tienen sus fondos invertidos en LEBACs y LETEs, y cuando son notificadas de sus infracciones, pagan con estos fondos estas sanciones mientras se benefician con la “bicicleta financiera”.

 

En cuanto a los delitos tributarios referidos a los procedimientos administrativos penales, el artículo 19 permite al Organismo Recaudador, no formular denuncia penal de oficio en determinados casos. Para determinar el alcance de esto, el organismo recaudador no formulará denuncia penal cuando resulté que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretación normativa o aspectos técnico-contables de liquidación. Tampoco corresponderá la denuncia penal cuando las deudas que emanen de las presunciones procedimentales referidas a delitos tributarios. Como vemos, la redacción de este artículo es muy confusa y generará muchos problemas de interpretación en cuanto a las facultades de los organismos recaudadores, pudiendo archivar causas que deberían pasar por un control judicial que evite la discrecionalidad de los organismos recaudadores dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, en un régimen presidencialista como el nuestro.

 

Este mecanismo otorga mucha discrecionalidad a los organismos recaudadores, con el agravante de que puede generar muchas maniobras disuasivas por parte de los evasores para con los organismos recaudadores y fomentar la corrupción en estos organismos.

Para ejemplificarlo , tenemos el caso paradigmático de Cristóbal López, cuando  la AFIP  estaba a cargo de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Cristina Kirchner, la petrolera de López y De Sousa, Oil Combustibles, se quedó con el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) que le retuvo a cada automovilista y camionero que cargó en sus estaciones de servicio. Y en lugar de girarle ese dinero a la AFIP, como le imponía la ley, lo derivó a su Inversora M&S, que a su vez comenzó a comprar empresas y activos para el Grupo Indalo. Todo eso mientras su petrolera se acogía a múltiples planes de pago de la AFIP, que toleró ese abuso y mantuvo a Oil bajo la órbita -y los controles más laxos- de una agencia del barrio de Palermo en vez de enviarla a Grandes Contribuyentes Nacionales -y sus controles más estrictos-, como las otras petroleras.

 

Con el cambio de gobierno, el nuevo Director de AFIP, Abad, contrató a Ricardo Gil Lavedra para comandar la ofensiva judicial contra López y De Sousa.

Para entender aún mas como funcionan las maniobras de evasión de impuestos y el rol de la AFIP en esta materia, recordemos las  maniobras del contador Ángel Guidoccio, estrecho colaborador en el club Boca Juniors y en la industria del juego de Angelici, uno de los máximos operadores judiciales y políticos del presidente Mauricio Macri. Guidoccio fue denunciado, tras una investigación de la AFIP que, detectó una supuesta “red de usinas de facturas apócrifas” montada con personas de bajos recursos que proveyó facturas falsas electrónicas a “más de 3000 contribuyentes”.

 

Varios de esos emisores, sin embargo, comenzaron a levantar las sospechas de los inspectores de la AFIP. Entre otros motivos porque “no contarían con la capacidad económica ni administrativa suficiente para llevar a cabo semejante volumen de operaciones”. Es decir que facturaban millones, pero carecían de bienes registrables -un inmueble, un barco o siquiera un auto- a su nombre, ni movimientos bancarios, ni empleados en relación de dependencia, ni datos fehacientes sobre compras para respaldar sus ventas.

 

Como vemos de los ejemplos de Cristobal López y Guidoccio, existen estructuras organizadas con fines de apropiarse indebidamente de tributos y de evadir gran cantidad de impuestos y contribuciones, generando una competencia desleal para las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y en detrimento de las arcas públicas que ven mermados sus ingresos por este tipo de maniobras. El rol de los organismos recaudadores como la AFIP es muy importante en estos casos, como así también lo es el control judicial que debe recaer sobre estos temas.

 

Concluyendo, no es de buena política regulatoria otorgar  más discrecionalidad a la AFIP, un organismo del Poder Ejecutivo Nacional y tampoco exonerar a las grandes empresas que evaden y retienen nuestros impuestos y contribuciones.

*Escribe Julieta Pignanelli. Abogada y Docente Universitaria (UBA). Asesora Parlamentaria del Frente Renovador de la HCDN .  Twitter: @Julietapi09