Decretazo y lavado de activos

Análisis del Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018 (DNU), para la  Desburocratización y Simplificación, que afecta 48 leyes,  comerciales, administrativas y la ley de lavado de activos.

 

*Escribe Julieta Pignanelli.

 

El 11 de enero de 2018, el Poder Ejecutivo Nacional dicto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018, bajo el nombre de Desburocratización y Simplificación, que afecta 48 leyes,  comerciales, administrativas y la ley de lavado de activos.

Desde el ámbito académico, vimos consternados cómo este decreto modificaba diversas actividades económicas, sin pasar por el Congreso y su merecido debate nacional, afectando la seguridad jurídica de los inversores en la economía real de nuestro país. Tengamos en cuenta que en países desarrollados, estos cambios son consensuados con los distintos actores de la economía y tardan tiempo en implementarse para que la sociedad y los distintos actores económicos estén preparados para afrontarlos eficazmente.

Respecto a la ley de lavado de activos, el DNU, afecta el Funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los parámetros en la materia que reglamenta la UIF y que deben ser aplicados por los Sujetos Obligados. Estos Sujetos Obligados son Instituciones públicas y privadas que deben realizar inteligencia financiera para detectar maniobras de lavado de activos y trazar el perfil de sus clientes, de acuerdo a su información económico financiera (documentación impositiva, financiera y crediticia). El lavado de activos se realiza cuando se quiere dar apariencia de licitud a fondos que provienen de hechos ilícitos.

La Unidad de Información Financiera es un ente autárquico creado principios de 2000, en jurisdicción del Ministerio de Justicia. La administración Macri sustituyo la jurisdicción al Ministerio de Finanzas de la Nación comandado por Luis Caputo. Recordemos que la UIF maneja información económico financiera muy sensible y debe guardar confidencialidad absoluta  en sus investigaciones. La UIF maneja información financiera que los Sujetos Obligados deben reportar masivamente de sus clientes más importantes (Reportes Sistemáticos).

Recordemos que el Ministro Luis Caputo, ha sido mencionado en los Paradise Papers como administrador de empresas off shore. Este tipo de maniobras son consideradas de alto riesgo de acuerdo a los estándares internacionales de prevención de lavado de activos.

 

Una de las principales funciones de la UIF es colaborar con la justicia en las causas penales para poder acceder a la ruta del dinero de la delincuencia organizada y poder determinar cómo y dónde se lavaron los activos, a fin de decomisar estos bienes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que estudia y evalúa todo lo relacionado con el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo, realizó las 40 Recomendaciones originales en materia de lavado de activos en 1990. En 1996, se revisaron las Recomendaciones por primera vez para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas. En 2003, las Recomendaciones del GAFI se revisaron por segunda vez. Por último en 2012 se revisaron nuevamente las recomendaciones para contemplar las políticas basadas en el riesgo.  El DNU reforma la ley de lavado de activos en los siguientes temas: la UIF puede directamente informar al juez que interviene en una causa penal, pasando por alto a las Fiscalías especializadas, autoriza a los Sujetos Obligados a compartir los legajos de sus clientes (con su previo consentimiento), modifica la definición de cliente teniendo en cuenta el enfoque basado en el riesgo, de acuerdo a las últimas recomendaciones del GAFI y deroga la facultad de la UIF de dictar su propio reglamento interno.

Asimismo entendemos que el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018, vulnera la Constitucional Nacional y el orden normativo vigente, en especial en lo referido a la ley de lavado de activos por tratarse de una ley penal administrativa. La Constitución Nacional establece que los decretos de necesidad y urgencia no pueden regular materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

Adicionalmente, entendemos que no están dadas las circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, es decir contamos con un Congreso de la Nación que está habilitado para tratar estos temas en sesiones extraordinarias/ ordinarias que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) puede llamar en cualquier momento, como lo hizo en diciembre de 2017.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia fueron receptados en la reforma constitucional de 1994, estas facultades son excepcionales, debiendo ser refrendados por el Congreso Nacional, en un trámite específico creado para tal fin (artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional). Tengamos en cuenta que también existe revisión judicial de este tipo de actos por lo que diferentes diputados de la Oposición han presentado ante la Justicia un recurso en este sentido. Existen antecedentes jurisprudenciales (fallos), que han declarado inconstitucional un DNU (Consumidores Argentinos vs. PEN, Verrochi c/ PEN)

Es por estas razones que cambiar las atribuciones, competencia y facultades de un Organismo Autárquico de Inteligencia Financiera como la UIF, con competencia en delitos penales contra el orden económico y financiero, por parte del PEN, resulta una alteración del orden constitucional. Asimismo al regular intempestivamente sobre cuestiones penales y comerciales, altera  la seguridad jurídica de los inversores a los cuales necesitamos atraer si queremos una real mejora en la economía argentina.

Nuestra Sociedad merece que nuestros dirigentes políticos respeten el orden constitucional y las Instituciones, para poder avanzar hacía un mejor país, escuchando todas las voces y trabajando en el disenso.

 

*Escribe Julieta Pignanelli. Abogada y Docente Universitaria (UBA). Asesora Parlamentaria del Frente Renovador de la HCDN .  Twitter: @Julietapi09