A 42 años del golpe cívico-militar, perduran focos antidemocraticos

Escribe: Lic. Cintia Monaco*

Al 42 aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976, llegamos con muchos avances dados en el proceso de Memoria, verdad y justicia, desde la recuperación de la democracia a esta parte; y nos encontrará también transitando la mitad de mandato de este gobierno.

Y esto segundo no es menor, dado que más de dos años de gobierno no es poco para diagnosticar qué piensa este Gobierno del golpe cívico militar y de la experiencia histórica de los años setenta. En este sentido, este ha sido un gobierno que, en cuanto pudo, trató de revisar, con una lógica parcial, lo que sucedió en aquellos años de plomo; el Presidente nunca condenó explícitamente el terrorismo de Estado, y sus funcionarios directos, llegaron al punto de querer relativizar que hubo 30.000 desaparecidos, con un negacionismo difícil de creer, después de todo el proceso de concientización que atravesó la sociedad argentina, además de todo lo que se probó en los juicios de lesa humanidad, que hasta ahora se vienen llevando adelante.

Ahora bien, en esta fecha, creemos que también es interesante analizar qué focos antidemocráticos aún no se han desactivado.

No estamos hablando de focos golpistas ni nada parecido, sino, de espacios de poder que se siguen manejando con las mismas lógicas de una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Y en este sentido, vemos también que América latina, en general, aún tiene este problema.

Para esto, es necesario remontarnos nuevamente a aquellos años de golpes cívico militares en la mayoría de los países del continente, y cómo en ellos se desarrolló el nefasto Plan Cóndor. El Plan Cóndor se trató de un plan de represión de políticos y en especial, contra militantes de partidos de izquierda, el cual fue coordinado y llevado a cabo por las dictaduras militares entre mediados de la década de 1970 y principios de los ochenta, principalmente en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y en menor medida en Brasil, en donde tuvo una participación más secundaria.

Con un mundo dividido por la “Guerra Fría”, las dictaduras sudamericanas acordaron, a partir de 1975, intercambiar información sobre dirigentes políticos, sindicalistas, estudiantes y todo individuo sospechado de seguir ideas de izquierda o revolucionarias, ello con el objetivo de eliminar actividades que denominaban como “terroristas” y “marxistas” en el continente. De acuerdo con documentos desclasificados, varias agencias del gobierno de Estados Unidos estuvieron al tanto del accionar represivo, inclusive dando asistencia y logística.

La segunda fase del plan consistió en la conformación de equipos especiales transnacionales para el secuestro y detención de los “objetivos”, que eran sometidos a feroces interrogatorios y sesiones de tortura en siete prisiones clandestinas que funcionaron en dependencias militares o policiales de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Luego, los disidentes podían ser entregados, o no, a su país de origen para su posterior desaparición física.

Una tercera fase más sofisticada apuntó a exterminar a destacados dirigentes políticos que podían influir en la opinión pública internacional contra los regímenes militares de la región.

Los dictadores Augusto Pinochet, de Chile; Alfredo Stroessner, de Paraguay; Hugo Banzer, de Bolivia; Jorge Rafael Videla, de Argentina, y Juan María Bordaberry, de Uruguay, fueron los ideólogos y ejecutores del mismo. Si bien, ningún enviado de Brasil firmó el acta constitutiva, luego se comprobó la cooperación en su territorio para el secuestro y asesinato de opositores de los otros países integrantes.

Parte del entramado del Plan Cóndor salió a la luz por la desclasificación de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, y del denominado “Archivo del terror” de Paraguay, además de expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros. Entre estos documentos fue hallada el acta fundacional del Plan Cóndor, fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la llamada Primera Reunión de Inteligencia Nacional, que contó con la presencia de representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Luego se sumó Brasil.

¿Por qué tenemos que detenernos en esto? Porque no hay que olvidar la sincronización de planes que había para la región desde otros centros de poder, como se pudo documentar y probar en el juicio de lesa humanidad del Plan Condor; y que hoy los sigue habiendo.

Vale recordar, que en fecha 25/05/2016 el Tribunal Oral Federal N° 1 de Buenos Aires, condenó al presidente de facto argentino Reynaldo Bignone y a otros 14 ex militares por la desaparición de más de un centenar de personas en el marco de la represión coordinada entre las dictaduras sudamericanas. No hubo una definición en la sentencia, pero detrás de cada una de las condenas apareció lo que se esperaba desde hace más de 40 años: la enunciación del Operativo Cóndor como una asociación ilícita de las dictaduras del Cono Sur destinada a cometer delitos.

No obstante ello, en varios países de la región actualmente se puede ver el desarrollo de políticas públicas que surgen impulsadas desde usinas de ideas externas a nuestros intereses nacionales y latinoamericanos, y hay que hablar del intento sostenido contra viento y marea, de reciclar el rol de las FFAA, y/o militarizar las fuerzas de seguridad.

Desde los 90´, el paradigma promovido por los Estados Unidos para América Latina fue el del combate a las que llamó “las nuevas amenazas”, como un nuevo enemigo externo e interno a enfrentar. Este paradigma en algunos países derivó en la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, según alienta el Comando Sur de los Estados Unidos. En otros países, con una perspectiva similar, este paradigma significó el avance de un proceso de militarización en las fuerzas de seguridad. Bajo esta perspectiva, problemáticas como las migraciones, ciertas protestas sociales o los conflictos protagonizados por los pueblos originarios pueden llegar a enmarcarse como problemas de seguridad nacional, que requieren intervenciones policiales militarizadas.

Ya en agosto de 2016, en el marco de la Cena de Camaradería de las tres armas, Macri aseveró: “En esta nueva etapa que hemos iniciado nos propusimos alcanzar la pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. En estas tres premisas las fuerzas armadas jugarán un rol preponderante y participativo”. Esto nos preocupa muchísimo porque los intentos de involucrar a las FFAA en la seguridad interior imitan experiencias lamentables de otros países, que tienen consecuencias graves: por la generación de violencia, por la degradación de las Fuerzas Armadas que produce, y porque obstruye un debate serio sobre cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en un país democrático.

Hasta el momento, el Gobierno de todas maneras habría optado por no militarizar seguridad interior. Seguramente obstaculiza esto la evaluación comparativa-negativa de la región, donde los ejemplos concretos demuestran que es una iniciativa ineficaz para los problemas que plantean las dinámicas delictivas y la criminalidad compleja organizada, derivando fundamentalmente en gravísimas violaciones de los derechos humanos.

El narcotráfico y el terrorismo ordenaron los rediseños institucionales que impulsó el Ministerio de Seguridad en materia de seguridad interior. Este mostró una nueva noción de seguridad, apoyada en los lineamientos extranjeros llamados “nuevas amenazas”, que deja de lado la seguridad ciudadana, y coloca la seguridad nacional y el orden público como bienes jurídicos prioritarios a ser tutelados; esto deriva necesariamente del realineamiento con los Estados Unidos. Así, las declaraciones de emergencia, son el principal instrumento político para ejecutar estas medidas. Otro ejemplo ilustrativo lo es el programa “Barrios Seguros”, que se inspira en modelos violentos, fracasados e inadecuados para el contexto argentino, con la idea de realizar allanamientos masivos para “erradicar el delito” en barrios pobres, en cuyo documento oficial del programa se mencionan como antecedentes experiencias internacionales como las de Río de Janeiro y Medellín. [1]

En este sentido, con el caso Chobobar, se buscó desde el gobierno legitimar ese tipo de intervención violenta de las policías instalando, con el apoyo al mencionado policía, que existe en la Justicia un “garantismo” que conduce a la impunidad de los delincuentes, y que la salida es “soltarle la mano” a la policía para que actúen sin respetar las normativas vigentes. [2] Desde entonces, la realidad viene poniendo en crisis este razonamiento con el asesinato del joven tucumano, Facundo de 12 años, quien murió tras recibir un tiro por la nuca de un policía de Tucumán; y con el informe del equipo de especialistas del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche (CAB), que refuerza el indicio de que Rafael Nahuel no habría manipulado un arma de fuego. La conclusión se desprende del análisis de las muestras tomadas del cuerpo del joven mapuche asesinado el 25 de noviembre pasado de un tiro por la espalda durante un operativo represivo del Grupo Albatros de la Prefectura en un territorio tomado por comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, cerca de Bariloche.[3]

Pero en otros países dicha doctrina de las nuevas amenazas, se viene aplicando desde antes, con saldo gravísimo para el respeto y vigencia de los DDHH:

En el caso de México, un estudio de Donald Rubin del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard y Valeria Espinosa, analista cuantitativa de Google, sobre el envío de tropas a 18 regiones mexicanas demostró que: la violencia no se redujo en 16 de ellas, y que en varias incluso aumentaron las muertes.

Otro estudio de Steven Morris muestra cómo las organizaciones criminales han invertido U$ 500 millones en sobornos; lo que tuvo un efecto corruptor fenomenal sobre los militares.

Según la Secretaría de Defensa Nacional mexicana en los últimos 30 años las Fuerzas Armadas soportaron la deserción de 468.929 soldados. De acuerdo a un estudio de John Bailey y Matthew Taylor aproximadamente un tercio de los narcotraficantes pasaron por las Fuerzas Armadas.

En México, son decenas los militantes y periodistas asesinados en democracia indistintamente por militares, policías y bandas criminales, esto constituye un escenario de impunidad generalizada y de violaciones masivas de derechos humanos del cual es muy difícil volver.

En Colombia, a pesar de la activa participación de los militares en el combate anti-drogas, el país tuvo un récord histórico de área sembrada con coca en 2016: 188.000 hectáreas; lo cual llevó al presidente Trump en septiembre a amenazar con sancionar el año próximo al país que más abrazó la “guerra contra las drogas” impuesta por Washington.

En Brasil, donde de acuerdo a un reciente informe de UNICEF, 4 de cada 1.000 adolescentes que viven en los principales centros urbanos, son asesinados antes de llegar a los 19 años, el gobierno del presidente Temer ha lanzado una ofensiva de los militares en varias favelas; a pesar de que ya se venía preanunciando un nuevo fracaso de las prácticas ya implementadas. Y el asesinato de Marielle Franco es el resultado de eso.

El Decreto nº 9.288, del 16 de febrero de 2018, resolvió que la Secretaría de Seguridad del estado sea ocupada por un militar. El decreto es extremadamente amplio en cuanto a las condiciones de la intervención militar e impreciso en relación con los mecanismos de control políticos y judiciales que deberían supervisar la actuación militar, o sea, incompatible con los estándares de derechos humanos. No obstante, las altas autoridades militares reclamaron “garantías para actuar sin el riesgo de que surja una nueva comisión de la verdad”, o sea , sin rendir cuentas de su accionar.[4]

El homicidio de Marielle es un mensaje aterrador para las y los defensores de derechos humanos (que son los únicos que visibilizan y controlan a los militares y policías actualmente en Brasil), para así garantizar la impunidad de las FFAA.

En los últimos años en Brasil los homicidios en general y los asesinatos cometidos por policías en particular, aumentaron en Río de Janeiro. A pesar de las estrategias militarizadas adoptadas en los últimos años para “combatir el tráfico”, el mercado de las drogas declaradas ilegales está controlado por una articulación entre bandas, policías y milicias (grupos que a su vez están compuestos por policías o ex policías), y la “solución” militar no resuelve el problema, sino que agudiza la violencia. Para que Brasil no siga por ese camino, es urgente una investigación limpia para esclarecer el asesinato de Marielle Franco, y también un cambio radical en las políticas de seguridad que apueste por la reducción de la violencia y no por la militarización.

A pesar de este escenario, que el Gobierno argentino no haya aun militarizado explícitamente la seguridad interior no se archiva, sino que se hace por otros medios, como antes describimos. Tal vez sea también por lo que afirma Juan Gabriel Tokatlian: “Probablemente en el ministerio de Defensa argentino han advertido que en un contexto de bajos salarios y espíritu de cuerpo debilitado lanzar a los militares al combate contra el narcotráfico es el preludio de alta corrupción y mayor desmoralización.” [5]

Lo cierto es que en argentina nuestras fuerzas de seguridad nunca fueron democratizadas. Ahora el gobierno usa a las fuerzas de seguridad para perseguir “enemigos del Estado” y factores de desestabilización del orden público, desde la perspectiva de las nuevas amenazas; pero antes no hicieron con esta una verdadera reestructuración, ni modernizaron su normativa, y aún pesa sobre ellas un gran descrédito por su involucramiento en el delito.

Como dice Marcelo Sain, ( ex diputado de la provincia de Buenos Aires, profesor e investigador de la Universidad de Quilmes y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ): “En primer lugar, la transferencia de parte de la rentabilidad del negocio ilegal a las fuerzas de seguridad y, en segundo lugar, a la policía le redituaba institucionalmente esta forma de control de la criminalidad, una forma de control ilegal, pero una forma de control al fin. En esa primera etapa, anterior a la complejización de las organizaciones criminales, previa a la lucha abierta por el mercado narco, lo que garantizaba la regulación policial es que el desarrollo de estas actividades y la estructuración de estos mercados no se tradujeran en balaceras, en disputas territoriales de alta visibilidad social, lo que aseguraba una clandestinidad eficaz. “Lo grave de la situación Argentina es que la estructuración de las redes criminales tiene una fuerte intervención estatal. Acá hay un Estado muy activo, pero es un Estado ilegal”.[6]

Esta es una fecha muy importante para juntarnos a reflexionar sobre esto. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, hay 800 muertos por casos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, según datos de la CORREPI. Para que haya NUNCA MAS necesitamos que las fuerzas policiales realmente se democraticen, que las FFAA se aboquen a tu tarea específica, redefiniéndola a su vez, en clave a los tiempos democráticos que vivimos; y por otro lado, debemos completar y terminar lo antes posible el proceso de memoria, verdad y justicia que con tanto esfuerzo iniciamos y sostenemos.

 

* Lic. Cintia Monaco, Directora de la CADH.

 

 

 

[1] Informe 2017 CELS.

[2] Los jueces Mario Magariños, Daniel Morín y María Laura Garrigós de Rébori consideraron inadmisible el planteo de los abogados de Chocobar y dejaron firme el procesamiento por el homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber. El policía, que había sido recibido por Macri en la Casa Rosada, interpuso un recurso contra el cambio de carátula de la causa, resuelto por los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo el 17 de febrero. Sin embargo, los jueces de Casación sostuvieron que el procesamiento no es una sentencia definitiva ni hace imposible que se continúe con la investigación, como había sostenido la defensa de Chocobar. ( https://www.pagina12.com.ar/103330-la-justicia-no-es-partidaria-de-la-doctrina-chocobar )

[3] https://www.pagina12.com.ar/102812-muestras-a-favor-de-nahuel

[4] https://www.cels.org.ar/web/2018/03/asesinato-de-marielle-franco-un-mensaje-de-terror-que-busca-la-impunidad-para-las-fuerzas-armadas-y-de-seguridad-en-rio-de-janeiro/

[5] https://www.clarin.com/opinion/ff-aa-narcotrafico-senal-clara_0_S17sN_90b.html

[6] http://la5tapata.net/sain-en-argentina-la-policia-ejerce-la-regulacion-del-narcotrafico/